Acuerdo de PP, Podemos y C's para garantizar el derecho al realojo

 
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Creen que llega a tiempo para solucionar el caso del Pilón

Acuerdo de PP, Podemos y C's para garantizar el derecho al realojo

Acuerdo Ley Suelo
PODEMOS
Actualizado 14/10/2016 11:38:49 CET

   Se busca obligar al promotor de la actuación a ofrecer una vivienda de sustitución por la expropiada sin compensación económica adicional

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

   PP, Podemos y Ciudadanos logran consensuar una modificación de la 'ley del suelo' que, según aseguran, garantiza el derecho al realojo y al retorno de los afectados en procesos urbanísticos en los que se requiera el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, como el que se va a llevar a cabo en el barrio santanderino del Pilón, y que quieren aprobar en el Pleno del 24 de octubre.

   Así lo han anunciado los portavoces de estos grupos en la Ponencia de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, órgano en el que se ha abordado desde principios de año esta proposición de ley del PP para modificar la actual 'ley del suelo' para garantizar estos derechos.

   El texto original que presentaron los 'populares' ha sido modificados con las enmiendas planteadas por Podemos y Ciudadanos, que, según ha reconocido el diputado del PP José Manuel Igual han servido para obtener una iniciativa "muy mejorada".

   Tras reunirse la Ponencia y cerrar el acuerdo, los representantes de los tres grupos han expresado su satisfacción por el texto consensuado y han lamentado que PRC y PSOE, los partidos que sustentan al Gobierno, no se hayan sumado a él.

   Y es que durante toda la tramitación de esta iniciativa, el Ejecutivo PRC-PSOE ha mostrado su criterio en contra y ha mantenido que esta proposición de ley del PP solo busca solucionar al Ayuntamiento de Santander el problema generado en el barrio del Pilón cuando el Consistorio tiene medios urbanísticos y de mediación suficientes para hacerlo.

   Además, insiste en que en la nueva 'ley del suelo' en la que está trabajando y que se llevará al Parlamento ya se recogerá de forma general este derecho al realojo y no ve ahora la urgencia para legislar a través de una modificación de la actual norma en lugar de esperar a que se apruebe la nueva.

CREEN QUE SE LLEGA A TIEMPO PARA DAR UNA SOLUCIÓN AL PILÓN

   Precisamente, los tres grupos que han acordado esta proposición de ley creen que ésta llega a tiempo para solucionar el problema del Pilón dado que aún no se han establecido, según sostienen, de forma definitiva los derechos y bienes a expropiar. "Con el Pilón llegamos justitos pero llegamos", ha opinado Igual.

   En esta proposición de ley se plantea una regulación basada en dos principios básicos, cuya atención se entiende "ineludible": la igualdad de trato en materia de realojo en los distintos tipos de operaciones urbanísticas y la universalización de ese derecho mediante la garantía del acceso efectivo a una vivienda digna en todos los casos.

   Así, se procede a extender la garantía del derecho a toda actuación de ejecución urbanística en la que se requiera el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual y se atribuye el mismo contenido material al deber de realojo, tanto si se actúa mediante expropiación forzosa como a través de cualquier otro sistema de ejecución del planeamiento previsto en la legislación autonómica.

VIVIENDA DE SUSTITUCIÓN

    Por otro lado, al objeto de impedir que ningún afectado pueda ver entorpecido su derecho a acceder a una vivienda digna y en condiciones asumibles, se obliga al promotor de la actuación a dar cumplimiento al deber de realojo y retorno ofreciendo una vivienda de sustitución a cambio de la que resulta expropiada sin que deba existir compensación económica adicional.

   Como se explica en el texto acordado, se quiere "asentar" en el Derecho Urbanístico de Cantabria el criterio de "vivienda por vivienda".

   Además, se impone como criterio de realoho el de mayor proximidad a la ubicación originaria, siendo preferente, en todo caso, que la vivienda o local de sustitución se ubiquen en el mismo ámbito de la actuación, "a menos que no sea posible en razón a los usos previstos o por otras causas debidamente justificadas".

   Se introduce con este texto la exigencia de que las viviendas de sustitución reúnan "condiciones adecuadas a las necesidades, no solo del titular del derecho de realojo, sino también de cuantos integran su inidad familiar o de convivencia".

   También por medio de la ley se pretende extender el derecho del realojo y retorno en favor de quienes explotan locales comerciales o negocios en los ámbitos de actuación afectados por las operaciones de renovación urbana o reforma interior.

   Además, se faculta con esta ley a las partes afectadas por la actuación urbanística a llegar a posibles soluciones alternativas, por vía convencional, para dotar al sistema de la mayor flexibilidad posible.

   En esta proposición de ley se incorporan garantías procedimentales para que el derecho al realojo sea contemplado desde un inicio, en el curso de la tramitación de los respectivos instrumentos de gestión urbanística, que da lugar a su nacimiento.

   Así, en este procedimiento, se determina el momento concreto en que se debe poner a disposición del afectado la vivienda de sustitución y se fija un régimen supletorio de realojo provisional.

   Según se expone en el texto que, tras la entrada en vigor de la presente norma, "no se podrán ocupar las viviendas d elos afectados que tengan reconocido el derecho de realojo en tanto que no se haya procedido a la entrega de la vivienda de realojo provisional o definitivo o no se haya producido la renuncia efectiva al derecho reconocido".

   Además, el contenido de esta ley incluye medidas fiscales de apoyo al realojo.

   La podemita Verónica Ordóñez ha resaltado que esta iniciativa se haya consensuado tras escuchar y oír a "muchos afectados" y a la ciudadanía. A su juicio, se ha conseguido una texto "muy avanzado".

   Por su parte, el diputado de C's Juan Ramón Carrancio ha opinado que esta proposición de ley busca proteger a la parte "más débil de la sociedad".

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