Administración y sindicatos de función pública buscarán un "acuerdo marco" de condiciones de trabajo de funcionarios

Actualizado 22/09/2015 17:31:37 CET

La "voluntad" del Gobierno regional es devolver antes de fin de año a los funcionarios de la Administración autonómica la paga extra de 2012

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia y Justicia pretende formalizar un "acuerdo marco" entre el Gobierno regional y los sindicatos sobre mejora de las condiciones de los empleados públicos y de la calidad de los servicios de la Administración General de la comunidad, un asunto que se abordará en la Mesa Sectorial de Administración Pública convocada para el viernes, 25 de septiembre.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, en su comparecencia en el Parlamento de Cantabria, en la que ha asegurado que lo que se pretende es "recuperar" para estos empleados públicos los "derechos perdidos", a su juicio, en la pasada legislatura.

FUNCIÓN PÚBLICA

El regionalista, que ha acudido al Parlamento acompañado por los miembros de su equipo, ha apuntado que este acuerdo marco que se busca ahora va en la misma línea que el suscrito por el bipartito PRC-PSOE en 2008 y quiere servir "de base y de guía" en las relaciones entre la Administración y los empleados públicos.

Algunas líneas de este acuerdo marco Administración-sindicatos son la elaboración de una nueva Ley de la Función Pública que prevea un nuevo modelo de carrera profesional ya que la actual está "desfasada"; la aprobación de un nuevo convenio colectivo para el personal laboral; la negociación de las bases de los concursos de méritos y la realización de los mismos; la "reposición de derecho"; la revisión del acuerdo vigente sobre derechos sindicales; la oferta anual de empleo público, con convocatorias de promoción interna.

Además, se negociarán los criterios para otorgar Comisiones de Servicios de acuerdo con los principios de publicidad, mérito, capacidad, transparencia y objetividad.

En este último punto, De la Sierra ha criticado la generalización de este sistema que, según ha dicho, debe ser "excepcional". Y es que, según ha detallado, ahora mismo hasta 600 puestos de trabajo están cubiertos de esta forma.

De la Sierra ha opinado en su comparecencia que durante la anterior etapa del Partido Popular hubo una "gran agresión" a los derechos de los empleados públicos, entre los que ha citado la congelación de las retribuciones; la falta de oferta de empleo público; el incremento de la jornada de trabajo; la supresión de la paga extra; la suspensión o modificación de los convenios; la reducción de los días de libre disposición; la limitación de los derechos sindicales, y la modificación del régimen retributivo durante la incapacidad temporal.

Una rebaja de derechos que en el caso de Cantabria, en su opinión, fue "más intensa" con la aprobación en 2012 del decreto del anterior Ejecutivo.

Precisamente, el consejero ha anunciado que el Gobierno de Cantabria tiene "voluntad" de devolver a los funcionarios de la Administración regional, antes de que acabe el año, la paga extra que se les suprimió en 2012.

En otro orden de cosas, pero también para mejorar la calidad en la función pública, la Consejería de Presidencia mejorará la formación de los funcionarios a través del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC), el cual se quiere potenciar después de que, según De la Sierra, lo dejara "languidecer".

Se mantendrá el programa de formación para los trabajadores de los ayuntamientos y se establecerán un catálogo de cursos y se organizarán el curso básico de policía local, además de incrementar la formación en materia de Protección Civil y on line en general.

UNIDAD DE COBRO DE COSTAS PROCESALES

Por otra parte, y ya en otro ámbito de la competencia de su consejería, ha anunciado la creación en el Gobierno de Cantabria de una Unidad de Cobro de las Costas Procesales ya que, según ha señalado, hay pendientes de cobro "más de 400.000 euros" por este concepto sin que se haya emitido en toda la legislatura anterior ningún documento de apremio. Este departamento funcionará en coordinación con la Consejería dde Economía y Hacienda.

De la Sierra ha asegurado que, a día de hoy, los pleitos en tramitación en el Gobierno regional asciende a 2.500, de los cuales solo 640 corresponden a 2015.

El consejero ha denunciado la situación de los informes y dictámenes pendientes de tramitar, por lo que ha decidido establecer plazos y límites de cara a agilizar los expedientes en el servicio y medios de control para su cumplimiento.

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

También durante su comparecencia, el consejero de Presidencia ha planteado como otro de los objetivos el desarrollo informático y la renovación tecnológica pues, según ha dicho, todo el 'hardware' tiene una edad media de 10 años.

Esta renovación se iba a realizar a través del proyecto 'Osiris', si bien, según ha dado a conocer, el Tribunal Central de Recursos Administrativo ha anulado la adjudicación del contrato de este proyecto.

De la Sierra se ha comprometido a la inmediata puesta en marcha de este programa, mediante una nueva licitación y adjudicación del servicio, para que se pueda poner en funcionamiento en abril de 2016.

El consejero también ha avanzado que se procederá a la formalización de un contrato para la mejora de las telecomunicaciones.

Además, ha adelantado que su departamento potenciará la inspección de servicios, mediante un nuevo decreto que regule su funcionamiento y ha anunciado que habrá también otro reglamento que fije un "marco de calidad para la Administración" y determine las líneas de actuación, como sistemas de evaluación de los servicios, cartas de servicios, creación de grupos de mejora, etc.

Ha apuntado la elaboración de planes de modernización y la iniciación de nuevos procesos de simplificación de procedimientos y de unificación de criterios de actuación y coordinación entre los diferentes registros.

Por otra parte, para la mejora de la atención ciudadana, el consejero cree que el Gobierno debe aprovechar mejor los servicios prestados desde el teléfono de atención 012 e incrementar su demanda ciudadana, a pesar del incremento que ya se ha detectado, pasando de aproximadamente 10.000 en 2007 a más de 62.000 en 2014.

También el consejero ha defendido la necesidad de mejorar los medios materiales y personales del Boletín Oficial de Cantabria y de la imprenta regional.

Por último, el consejero se ha comprometido a una política activa en relación con las casas de Cantabria y, en otro orden de cosas, se ha mostrado convencido de poner en marcha iniciativas que mejoren la transparencia el buen gobierno.