AMA se moviliza para que los afectados no pierdan su patrimonio

Protesta afectados por derribos en Cantabria
EUROPA PRESS
Actualizado 05/06/2014 19:23:05 CET

Las presenta en el Registro de la Cámara y los grupos parlamentarios, y PRC y PSOE se han comprometido ya a defender a los afectados

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por viviendas con sentencias de derribo en Cantabria, ha registrado este jueves tres iniciativas para que sean debatidas en el Parlamento regional.

Las propuestas, que se han presentado tanto en el Registro de la Cámara, a la atención de su presidente, José Antonio Cagigas, como en los grupos parlamentarios, pretenden que las "víctimas" de este problema no pierdan hasta "dos tercios" de su patrimonio, si a la hora de establecer las indemnizaciones se aplica la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) sobre tres viviendas de Argoños, que contempla una cuantía equivalente a una tercera parte del valor de los inmuebles.

Además, AMA también persigue evitar que las administraciones "culpables" se beneficien de esta manera de un "enriquecimiento injusto", al "quedarse" con la casa condenada al derribo y el suelo urbano consolidado sobre el que se asienta, y que puede tener este último "más valor" que la indemnización que se da al afectado.

Así lo ha explicado el portavoz de la agrupación, Antonio Vilela, al término de sendos encuentros que ha mantenido en la Cámara regional con los diputados regionalista y socialista, Rafael de la Sierra y Miguel Ángel Palacio (con el PP se reunirá el próximo jueves), y que han tenido lugar después de una concentración que cerca de un centenar de afectados han desarrollado ante el Gobierno de Cantabria.

Durante este protesta, con la que AMA retoma las tradicionales movilizaciones de los jueves ante el Ejecutivo, los representantes del colectivo han explicado a los afectados las últimas novedades, y han mostrado además su "descontento" con las mismas y con la postura de la Administración regional.

Se han referido así, según ha detallado Vilela a los periodistas, a la sentencia de las viviendas de Argoños que prevé tomar como referencia el Gobierno en las indemnizaciones a los afectados en aquellos casos en los que no se pueda legalizar su vivienda.

Se trata de una sentencia que "no es firme" ni siquiera en primera instancia, toda vez que se ha pedido una aclaración del fallo. Por contra, existen tres sentencias del Tribunal Supremo que "sí son firmes" -ha destacado- que de cara a la reclamación patrimonial obligan a pagar por la vivienda al precio del mercado, es decir, el precio "real" en el momento del derribo, y que el Gobierno de Cantabria "debería tenerlas en cuenta".

Así, el portavoz de AMA cree que "no tiene sentido" que se tome como referencia una sentencia que todavía no ha sido resuelta por los tribunales cuando existen tres firmes del Supremo.

PETICIONES

Tras recordar la aprobación en el Parlamento de Cantabria de la reforma de la Ley del Suelo y la creación de una norma orientada a solucionar el problema de los derribos y a garantizar el patrimonio de los afectados, Vilela ha señalado que las tres iniciativas parlamentarias registradas por AMA se basan, precisamente, en la exposición de motivos de esa ley.

En las mismas se pide, por tanto, que se legalicen todas aquellas viviendas que la ley permita; que cuando no sea viable dicha legalización se sustituya la casa por otra de similares características; y, finalmente, que cuando no se puedan acometer los dos supuestos anteriores se indemnice a los afectados antes del derribo.

También reclaman que en ningún caso los perjudicados sufran pérdida en la valoración de sus patrimonio, y que todos sean indemnizados por daños morales, como se ha reconocido ya en sentencias firmes del Supremo, que han establecido importes de 9.000 y 12.000 euros, ha apuntado Vilela.

Para finalizar, el portavoz de AMA ha indicado que el próximo martes, 10 de mayo, se reunirán con asesores jurídicos de todas las urbanizaciones afectadas por sentencias de derribo, para que den una respuesta ante el "atentado y agresión" que se pretende hacer, ha finalizado, a su patrimonio.

APOYO DE PRC Y PSOE

Tras la reunión, PRC y PSOE han mostrado su apoyo a AMA, y han anunciado que presentarán iniciativas parlamentarias en favor de los afectados y con las que intentarán alcanzar el consenso de todos los grupos.

Así, el Grupo Regionalista ha anunciado que presentará una iniciativa en el Parlamento para exigir al Gobierno de Cantabria que cumpla los compromisos asumidos con los afectados por sentencias de derribo y explique las razones por las que no ha respetado hasta ahora los acuerdos alcanzados.

El portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha mostrado su "comprensión" hacia la postura de los afectados, que "no entienden cómo es posible que el Gobierno les pida una semana perdón y a la siguiente actúe en contra de sus intereses, con acuerdos opuestos incluso a las sentencias dictadas en el ámbito de la valoración de los inmuebles".

"Después de escuchar sus razonamientos, creemos que tienen razón", ha subrayado el portavoz regionalista, quien ha ofrecido a AMA toda su colaboración en la búsqueda de soluciones y ha anunciado la presentación de una iniciativa parlamentaria para que el Ejecutivo "concrete su postura y explique por qué no está cumpliendo los acuerdos alcanzados".

El PRC comenzará a elaborar esta propuesta "de inmediato", en colaboración con los afectados y con el objetivo de propiciar el consenso con el resto de las formaciones políticas, en aras a contribuir a "resolver de una vez la situación en que se encuentran estas familias".

También comenzará a estudiar y analizar la documentación registrada por AMA el Grupo Socialista, con el fin de presentar cuantas iniciativas sean necesarias en favor de los afectados y ante el "engaño manifiesto" del Gobierno del PP.

Así lo ha señalado a Europa Press el diputado Miguel Ángel Palacio, quien ha aseverado que el Ejecutivo les ha "engañado" al afirmar, tanto el presidente, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, que no iban a ser "cicateros" con las indemnizaciones, pues al mismo tiempo -ha dicho- "estaban encargando" a los abogados que "pleiteasen para pagar el precio más bajo posible".

También se ha referido a la sentencia de Argoños, que hacer referencia "únicamente" a tres viviendas, por lo que "no hay ningún argumento para generalizar".

Sobre las autorizaciones provisionales, Miguel Ángel Palacio ha opinado que es una iniciativa del Ejecutivo para "eternizar" la solución al problema.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies