Díaz Tezanos espera las explicaciones del "principal valedor e impulsor del proyecto, Ignacio Diego"
SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha decidido llevar el caso de la empresa Ecomasa-Nestor Martin a la Fiscalía al apreciar indicios de delito y de los que se pueden derivar responsabilidades tanto de los administradores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, como de políticos.
La estrategia jurídica, de la que se hará cargo Sodercán, se ha puesto en marcha tras analizar la auditoria forense realizada a la fábrica de estufas de Maliaño y en las "próximas horas" formalizará la denuncia ante la Fiscalía de Cantabria.
La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, así lo ha anunciado este jueves después de que el Consejo de Gobierno haya analizado el informe de la auditoria, encargada por Sodercán a la empresa Ernst&Young para "esclarecer cuál ha sido el destino de los 21,2 millones de euros de esta operación".
El Gobierno quiere que se investigue el destino de los 18 millones de euros de dinero público, que se concedieron a esta empresa desde 2012 a través del Sodercán y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los 88 trabajadores despedidos de Teka y fueron contratados por Ecomasa.
Díaz Tezanos, que ha hecho este anuncio tras informar en rueda de prensa de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha indicado que se remitirá el informe a la Fiscalía para que investigue a la compañía, que actualmente está cerrada y en fase de liquidación de sus activos productivos, pero también el "entramado empresarial" del Grupo creado por Andrés de León y Jesús Lavín.
Para ello, el Gobierno ha instado a Sodercán a facilitar a la Fiscalía "toda la documentación que se precise" para completar la auditoría, para cuya elaboración la empresa Ernst&Young se ha encontrado con "limitaciones" debido al "entramado empresarial", aunque si bien concluye que "los hechos conocidos pueden ser constitutivos de delito".
El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue al Grupo Ecomasa desde 2012 hasta la actualidad para así "completar el informe" y conocer el destino del dinero, principalmente de los 18 millones concedidos por el ICAF, con la "intervención destacada" del director gerente, Jorge Gómez Cos, y de Sodercán, con la intervención de Pedro Fernández, director de Servicios Centrales y Financieros.
Ha señalado que la Fiscalía tendrá que determinar "las responsabilidades penales" de esta "operación empresarial claramente fallida" apoyada por "el Gobierno del PP y el expresidente Ignacio Diego". "La petición del Gobierno a la Fiscalía tiene por objeto determinar las responsabilidades de los gestores empresariales y políticos", ha añadido.
Además de las posibles responsabilidades, Díaz Tezanos ha considerado que "hay responsabilidades políticas por las decisiones tomadas y por como se han ido adoptando", por lo que ha dicho que tanto ella como los ciudadanos de Cantabria "esperan las explicaciones de quien fue el principal valedor e impulsor del proyecto, el señor Ignacio Diego".
CONCLUSIONES DEL INFORME DE AUDITORIA
La vicepresidenta ha detallado las conclusiones de la auditoria, que señala como, entre 2012 y 2015, Sodercán y el ICAF han venido financiando a la empresa participada Ecomasa-Nestor Martin, así como "también a las distintas sociedades vinculadas al entramado empresarial creado por De León y Lavín".
Tanto en aportaciones al patrimonio como en la concesión de préstamos, créditos y avales, el Gobierno destinó a Ecomasa 18 millones de euros, a los que se suman los 3,2 millones de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos de Teka y recolocados en la fábrica de estufas de Maliaño.
Sobre la operativa de la compañía desde que se constituyó el 30 de junio de 2012 hasta el 30 de junio de 2015, el informe indica que la empresa EWI, sociedad propietaria de la factoría de Maliaño, ha obtenido un "edicto negativo por importe de 6,9 millones de euros, que han supuesto una descapitalización progresiva de la sociedad".
También apunta que EWI "ha registrado salidas netas de efectivo hacia otras empresas del Grupo Ecomasa, y vinculadas a los señores Andrés de León y Jesús Lavín, por importe de 11,8 millones de euros", desde la constitución de la empresa.
Además, asegura que, a 30 de agosto de 2015, EWI "está financiando a otras empresas vinculadas a De León y Lavín con un importe equivalente a 1,16 millones de euros desde 2013", un dinero "no recuperado hasta la fecha".
Los auditores determinan que, además, EWI ha comprado y pago elementos de inmovilizado, es decir, la maquinaria de Ecomasa, a la empresa Maenor, propiedad de Jesús Lavín, por importe de 2,46 millones, con salidas de efectivo en 2012 y 2013.
También se indica que el Grupo Ecomasa realizó en 2012 una inversión neta por importe de 3,5 millones de euros en la compra del Grupo Wanders basándose en "informes financieros incompletos" y dice que "esta inversión ha resultado ruinosa para la sociedad y el Grupo, que compraron para hacer la comercialización de las estufas, se encuentra actualmente en liquidación por las pérdidas en 2012 y 2013".
Otras actuaciones que, según Díaz Tezanos, "suscitan las reservas de los peritos" son las salidas de fondos en concepto de préstamos a empresas vinculadas a De León y Lavín por importe de 3,9 millones de euros y que "se han compensado en parte con otras operaciones".
Operaciones como la compra de participaciones de Chimeneas Barcelona por valor de 898.000 euros, la adquisición por parte de EWI de la marca Somen Fire por importe de 1,8 millones de euros mediante compensación de saldos o con la ampliación de capital de una empresa de Chile con la que "se compensó la deuda a favor de EWI por un préstamos participativo concedido en diciembre de 2013 por importe de 500.000 euros".
DE LEÓN Y LAVÍN SÓLO APORTARON 226.000 EUROS
Díaz Tezanos ha criticado que, con estas operaciones, "se pierde la esencia de la actividad de EWI puesto que se prioriza la financiación de otras empresas del Grupo, dejando en un segundo plano la idea principal del proyecto que era crear un planta productiva en Cantabria que generara empleo local e impulsara la actividad económica regional".
Además, ha denunciado que, desde abril de 2012, Lavín y De León han aportado a Ecomasa fondos por valor de 226.000 euros. "Esta es su máxima aportación frente a los 18 millones de euros aportados por el ICAF y Sodercán y los 3,2 de los trabajadores de Teka", ha lamentado.
Precisamente, Díaz Tezanos ha dicho que "estos dos señores" han enviado a Hub Advisory, administrador único de la empresa desde febrero de 2015 y designado por el Gobierno del PP --fue su "última decisión" en el caso--, "varios burofaxes para que no proporcionará información sobre la empresa ni ninguna otra sociedad del Grupo" para la investigación de los auditores.
La vicepresidenta ha criticado que el Gobierno del PP no analizó el mercado de las estufas de pellet en España, Europa o Latinoamerica cuando decidió apostar por este proyecto empresarial. "Datos que, de haber sido analizados por el ICAF o Sodercán, habrían hecho inviable el proyecto", ha asegurado.
Díaz Tezanos ha apuntado dos datos que "deberían haber puesto sobreaviso" al Ejecutivo de Ignacio Diego. La empresa partía de una producción inexistente y no tenía marca comercial propia ni cartera de clientes pero estimaba unas ventas de 10.400 unidades en 2013 cuando en 2011 se vendieron un total de 51.000 entre Francia, Bélgica y España.
Tampoco se observó que las ventas en España ascendieron en 2011 a 10.000 unidades y Ecomasa estimaba sus ventas para su primer año de fabricación (2013) de 6.000 unidades. "Es decir, pensaba conseguir en su primer año una cuota de mercado del 60%, que lógicamente era totalmente inviable", ha apostillado.
