El juicio queda visto para sentencia después de que Fiscalía y acusación particular mantengan que hubo estafa de los cuidadores
SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El médico forense que evaluó a la anciana de Los Corrales de Buelna a la que, presuntamente, estafaron una madre y su hijo que le cuidaban considera que, cuando ésta realizó disposiciones de dinero y cambió el testamento en favor de ellos, no tenía las condiciones cognitivas en estado adecuado para tomar decisiones sobre sus bienes. Con esta afirmación también ha coincido un psiquiatra que la trató a petición de la acusación particular.
Así lo ha afirmado este martes durante la segunda y última jornada del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial contra J.S.F. y su madre, R.F.F., a la que la Fiscalía ha retirado la acusación tras la prueba testifical y pericial practicada, mientras que la acusación particular, que ejerce una sobrina de la anciana, la mantiene.
De este modo, en el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el fiscal ha retirado la petición de pena de 7 años de cárcel que pedía para R.F.F. en su escrito de calificación al considerar que, a pesar de tuvo conocimiento "cierto" de la situación y de los acontecimientos, la madre de J.S.F. "no gozaba de una posibilidad de dominio de hecho sobre los mismos" y "tampoco tuvo una participación activa decisoria a su desarrollo".
A pesar de retirar su acusación, mantiene su petición de que R.F.F. responda solidariamente junto con su hijo a la responsabilidad civil que pide por el perjuicio en el patrimonio de la anciana, --y que cifra en 414.000 euros-- al considerar que la cuidadora fue "partícipe a título lucrativo".
La acusación particular, que eleva la indemnización a 433.000 euros y pide 8 años para cada uno de los acusados además de una multa, no se ha mostrado de acuerdo con la postura del Ministerio Público y considera que "existen elementos de que hay autoría" de delito por parte de los dos acusados.
Como argumento, señala que en octubre de 2010 se transfirieron 350.000 euros que la anciana tenía a plazo fijo a una otra cuenta de una nueva entidad de la que era titular la anciana y, días después, a una cuenta de la que era titular R.F.F., invirtiendo dicha cantidad en participaciones preferentes.
El abogado de la familia ha insistido en que el momento en que se hicieron estas acciones la mujer estaba en el banco junto a su hijo y la anciana, sin que dijera nada en contra. Además, ha señalado que, al igual que su hijo, la acusada suscribió un contrato de prestación de servicios a la anciana que "no se correspondía con la realidad" y por el que cada uno cobraba 1.200 euros al mes sin que, a su juicio, esté "acreditado" qué labores hacían ya que, a su vez, se contrató a otra cuidadora las 24 horas del día.
Por su parte, la defensa ha solicitado la absolución de los acusados al considerar que no existió el engaño, elemento sustancial para el delito de estafa, y que la anciana actuó en su "propio beneficio", que era el pagar a los acusados para que la atendieran en su domicilio hasta que falleciera y no tener que ir a una residencia de mayores.
Respecto a ello, la Fiscalía también ha opinado que entre la anciana y sus cuidadores -los acusados- había un "juego de intereses", pero "en desequilibrio". Y, al igual, que la acusación particular, sí considera que hubo engaño suficiente y un desplazamiento de patrimonio "demoledor".
Además, ha afirmado que la "atención afectiva" que prestaban los cuidadores a la mujer formaba parte de la "treta" y era una "necesidad absoluta" para conseguir su propósito. En su opinión, también el interés mostrado por el acusado en ser nombrado tutor de la anciana tras su declaración de incapacidad tenía como objetivo evitar que el testamento fuera impugnado hasta el fallecimiento de ésta.
LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DE LA ANCIANA, A DEBATE
Antes de la exposición de las conclusiones de cada parte, el debate sobre el estado de la capacidad cognitiva de la anciana ha centrado la primera parte de la vista de este martes, en la que han declarado el médico forense que en febrero de 2012 la examinó durante el proceso de declaración de incapacidad; el psiquiatra que la evaluó en agosto de ese año a petición de la acusación particular, y otro especialista en la materia que, a solicitud de la defensa, emitió un informe basándose en el historial clínico de la mujer pero que no la examinó.
La demanda de incapacidad fue presentada el 15 de junio de 2011 ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Torrelavega y la anciana fue declarada "plenamente incapacitada" en febrero de 2012. Por su parte, el forense ha defendido que cuando evaluó a la anciana padecía demencia de tipo vascular -por el riego sanguíneo- y manifestaba "cierta influenciabilidad".
"A cierta edad, se vuelven como niños", ha repetido en varias ocasiones en referencia a los ancianos el médico forense, que, cuestionado por esa "influenciabilidad" de la anciana, ha explicado que, durante la evaluación, la actitud de ella ante determinadas peticiones "cambiaba" en función de cómo se le solicitara. Así, ha señalado que muestras de "afecto y cariño" podían llevarle a tomar ciertas decisiones.
También ha opinado que, ante este tipo de gestos, la mujer podría haber tomado "decisiones difíciles", como firmar para el otorgamiento de poderes a terceros para acceder a sus cuentas bancarias o cambiar su testamento, como hizo en favor de sus cuidadores.
Precisamente, este médico forense emitió unos meses después de su primer informe un segundo para responder si consideraba que el 26 de octubre de 2010 --un año y casi 4 meses antes de evaluarla-- la mujer tenía ya demencia o un grado de deterioro cognitiva suficiente para estar incapacitada para tomar decisiones sobre sus bienes y patrimonio, al que contestó afirmativamente.
Sobre ello le han cuestionado reiteradamente la defensa, que rechaza que se pueda determinar con un carácter retroactivo de tantos meses cuáles eran las facultades de la anciana cuando autorizó la transferencia de los 350.000 de una cuenta suya a la de la R.F.F. para invertirlo en preferentes.
Aunque sin determinar el grado, el forense ha opinado que, por la evolución y el estado de la anciana cuando la examinó, ya en octubre de 2010 la mujer tenía demencia o, al menos, un "deterioro suficiente" para limitar su capacidad de decisión, sobre todo en "decisiones mayores" como las que tomó en relación a su patrimonio y bienes.
En esta afirmación ha coincidido el psiquiatra presentado por la acusación particular, que ha señalado que ya en 2009 la mujer podría haber sido incapacitada para tomar este tipo de decisiones. Este especialista, cuando evaluó a la anciana en agosto de 2012 determinó que padecía demencia vascular, como apuntó el forense meses antes, e incrementó, incluso el grado.
Por su parte, la defensa ha impugnado el informe del médico forense y del psiquiatra y ha sostenido que no se puede determinar que, ya en 2010, la anciana no tuviera las capacidades cognitivas para tomar decisiones sobre sus bienes.
Mientras, el psiquiatra de la defensa ha coincidido con los dos médicos anteriores en que la anciana, cuando fue declarada incapacitada, "llevaba tiempo siendo vulnerable", si bien ha insistido en que no se puede determinar que la mujer padeciera demencia ya cuando tomó decisiones sobre su patrimonio y ha hablado de "deterioro cognitivo".
En esta línea, ha insistido en que "deterioro cognitivo no es demencia", aunque en los años siguientes haya podido derivar en ello. Por ese motivo, ha señalado que "no puede afirmar" que la mujer "no estaba en condiciones" en 2010 de tomar decisiones sobre sus bienes, tesis en la que ha insistido la defensa.
En relación a esta cuestión, la Fiscalía ha insistido en que para que haya estafa, como a su juicio hay en este caso, "no se necesita" que la persona esté "enajenada" o "trastornada".
