Aprobadas ayudas por 3,1 millones para el crecimiento industrial de 62 empresas

Santander. Cantabria. Población. Industria. Producción industrial
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 12/07/2018 12:34:38CET

Las retribuciones del personal al servicio de la Administración y sus organismos dependientes subirán un 1,5%

SANTANDER, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy ayudas por importe superior a los tres millones de euros para contribuir al crecimiento industrial de 62 empresas, muchas de ellas en la comarca del Besaya.

En concreto, las ayudas para empresas de la cuenca del Besaya y Cantabria ascienden a 3.153.597 euros, corresponden a la convocatoria CRECE-2, y contribuirán a una inversión total de 18.990.161 euros.

Además, el Ejecutivo ha dado el visto bueno al inicio de los trámites para contratar, por un periodo de tres años, los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con un coste superior a los 58,77 millones de euros.

El coste estimado es de 5.281.194 euros en el caso de la teleasistencia y 53.494.512 la ayuda a domicilio.

Por otra parte, se acordó que las retribuciones del personal al servicio de la Administración y sus organismos dependientes experimentarán un incremento del 1,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017 y se procederá a regularizar las cantidades resultantes a favor de los perceptores desde el 1 de enero de 2018.

Estos han sido los principales acuerdos del Consejo de Gobierno en su reunión de este jueves, en la que también ha autorizado al Instituto de Finanzas a materializar un convenio con la Sociedad de Garantía Recíproca de Santander (Sogarca) para apoyar, a través de una línea de créditos por importe de 3 millones, proyectos de consolidación y crecimiento de pymes cántabras.

Esta línea estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. El importe de cada operación oscilará entre 100.000 y 500.000 euros, a través de préstamos ordinarios a tipo de interés fijo con cuotas garantizadas con aval de Sogarca.

También en Economía, Hacienda y Empleo se aprobaron los decretos por los que se cesa a Manuel Díaz Mendoza y se nombra a Felicidad Pérez Padruno como directora de la Agencia Cántabra Tributaria.

En el ámbito de Obras Públicas y Vivienda se aprobó el acuerdo marco para la selección de empresas colaboradoras para ejecutar obras de conservación y mantenimiento correspondientes a tratamientos superficiales en carreteras y caminos de la red municipal y de las juntas vecinales de Cantabria. El plazo de duración de este contrato será de dos años y contará con un presupuesto estimado de 1.210.000 euros.

En el área de Turismo se acordó la sustitución del logotipo del Año Jubilar por el del Camino Lebaniego. El nuevo logotipo cambia únicamente la inscripción y sustituirá al del último Año Jubilar en todos los soportes de comunicación del Gobierno y las empresas y entidades públicas vinculadas a él, con el fin de contribuir a la promoción del Camino Lebaniego como Patrimonio de la Humanidad y acontecimiento de excepcional interés público, declarado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Y en Presidencia y Justicia se aprobó el decreto regulador del régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma en el uso de medios electrónicos en su actividad administrativa y sus relaciones con los ciudadanos.

Este decreto supone un paso definitivo para impulsar la implantación de la Administración Electrónica, suprimiendo el uso del soporte papel tanto en la gestión interna de los procedimientos como en la relación con la ciudadanía.

La norma desarrolla lo establecido en las leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público para dar plena cobertura jurídica a la implantación del expediente electrónico de forma generalizada en todos los procedimientos a partir del próximo 2 de octubre, lo cual afectará a más de 1.000 procedimientos y supondrá una mejora de los servicios prestados a la ciudadanía, además de una mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.