Arca denuncia una campaña de "mentiras y manipulación" contra la Ley de Costas y advierte que denunciará ante la UE

Actualizado 22/10/2010 14:06:29 CET

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación ecologista Arca ha denunciado una campaña de "mentiras, falsedades y manipulaciones" para "cargarse y desactivar" la Ley de Costas, detrás de la que hay intereses "particulares no confesados", y ha advertido que si la proposición presentada por el Partido Popular para modificar la ley va "más allá" del Senado denunciará el caso a la Comisión Europea por las "gravísimas" repercusiones ambientales que conlleva.

El presidente de Arca, Gonzalo Canales, ha subrayado este viernes en una rueda de prensa que la "mayor manipulación" es decir que es una ley que ataca al tejido productivo de Cantabria y va a afectar a 400 empresas y a 8.000 empleos.

Es una "falsedad absoluta", ha dicho, porque la práctica totalidad de esas empresas se encuentran en el polígono de Raos, que pertenece a la Autoridad Portuaria y está "bajo el amparo" de la Ley de Puertos y no de la de Costas.

"No entendemos por qué se ha montado esta campaña y se utiliza este dato manifiestamente falso", ha señalado Canales, quien ha agregado que por si esto "fuera poco", además la Ley de Puertos establece, al igual que la de Costas, que todas las concesiones a "perpetuidad" tienen una caducidad de 30 años.

Además, ha rebatido las afirmaciones sobre la "inseguridad" de la Ley de Costas, señalando que la misma está en vigor desde hace casi 30 años (1988), y "todo el mundo" sabía que estas concesiones tenían "fecha de caducidad".

Sobre las críticas a las "líneas indiscriminadas", ha precisado que todos los terrenos afectados eran de dominio público hace muchos años, antes de que existiera esta ley, que ha calificado como una de las "más progresistas" de España.

Canales ha incidido sobre todo en la "manipulación" por parte de los responsables de la Asociación cántabra de Afectados por la Ley de Costas (ACALCO), que preside José Luis Thomas, y ha criticado que UGT y CC.OO. participaran la semana pasada en un acto organizado por este colectivo sobre la aplicación de esta normativa.

Ha señalado que Thomas es un "conocido ganadero" que fabrica yogures, tiene su explotación sobre uno de los terrenos rellenados en las marismas de Santoña, y "sólo representa sus intereses privados". Y ha recalcado que sus afirmaciones sobre que la modificación de la ley no tiene repercusiones ambientales" son "falsas" y "una clara manipulación".

En este sentido, ha explicado que la modificación "quita de un plumazo" la posibilidad de que la concesiones a perpetuidad tengan fecha de caducidad, y por lo tanto "seguirán siendo a perpetuidad", con lo cual tendrá un efecto "muy negativo" para el medio ambiente, porque va a "imposibilitar" la extinción de las mismas, su rescate y la restauración ambiental de las marismas de Santoña, que han perdido "más de la mitad de su superficie" y son zonas de mayor protección.

En la misma situación se encuentran, ha dicho, todas las marismas de la Bahía de Santander que aún quedan como suelo rústico o en la ría de Cubas, que también es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Para Arca, las repercusiones ambientales de esta propuesta son "gravísimas", porque va a impedir la restauración ambiental de zonas de altísimo valor ecológico.

Canales también ha denunciado la "clara manipulación" del PP y ha señalado que cuando "se apoya" en datos como la afección a las empresas del polígono de Raos, está tratando de utilizar los puestos de trabajo como "un ariete" contra el medio ambiente.

"DERECHA MÁS CAVERNÍCOLA"

Ha lamentado igualmente la postura de UGT y CC.OO., porque "se alía" con "la derecha más cavernícola" de la región, y por hacer afirmaciones que "no son ciertas". A su juicio, los sindicatos en este caso tienen una "enorme desinformación" de la situación real y también jurídica de temas ambientales, y el "apoyo" a esta plataforma de afectados "así lo demuestra", ha dicho.

"Nos ha sorprendido desagradablemente el que los sindicatos en este caso no nos hayan preguntado absolutamente nada a las asociaciones ambientales y además se alíen en una campaña claramente manipulada y falsa", ha recalcado.

Para canales, esta modificación a la Ley de Costas y otras actuaciones suponen un "ataque" de la clase política de la región contra la legislación ambiental.

Así, ha señalado que la reciente ley para "impedir" los derribos es un "ataque frontal" a la legalidad y al paisaje de Cantabria; y ha advertido contra la modificación que se "está tramando" sobre la Ley de Montes porque "hay una serie de intereses y señores particulares a los que no les gusta" y el Gobierno "parece que está dispuesto" a variar esta legislación", ha afirmado.

A ello se añade la modificación que plantea el PP de la Ley de costas, "para que unos pocos señores no se vean también afectados", ha recalcado.

Todo ello supone, a su juicio, "un ataque en toda regla" al interés y a los bienes públicos y, fundamentalmente, al medio ambiente de Cantabria.