Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 28/11/2009 12:51
La asociación ecologista Arca ha propuesto 17 medidas contra la corrupción urbanística en Cantabria, entre ellas, eliminar de la legislación los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) y recortar las competencias urbanísticas municipales.
Otras medidas que propone son establecer garantías para ejecutar la sentencias de demolición, favorecer y agilizar la disolución de los ayuntamientos implicados en casos de corrupción, y legislar "estrictamente" sobre incompatibilidades de alcaldes, concejales y sus familiares, obligándoles a hacer público su patrimonio.
Arca, que presentó estas medidas durante la fiesta de su 25 aniversario que celebró la noche del pasado viernes en una sala santanderina, defiende que sus propuestas servirían "para poner freno a la impunidad de la que gozan los corruptos" y que supondrían un "giro importante hacia comportamientos más éticos y respetuosos con el interés general".
Según indicó el presidente de Arca, Gonzalo Canales, las medidas están centradas en "dar transparencia al sistema fiscal" porque, en su opinión, la corrupción se explica "en función del dinero negro, del pelotazo". Por ello, una medida "fundamental" a nivel global es la erradicación de los paraísos fiscales, "un cáncer del sistema democrático mundial", definió.
En concreto, Arca propone recortar competencias urbanísticas municipales, de forma que los ayuntamientos no puedan aprobar definitivamente planes parciales, modificaciones puntuales de planes generales, ni cualquier otro instrumento de ordenación territorial, tales como planes especiales; y eliminar de la legislación urbanística de Cantabria el "silencio positivo" y los PSIR.
También defiende favorecer y agilizar la disolución de los ayuntamientos implicados en casos de corrupción urbanística; legislar "estrictamente" sobre incompatibilidades de alcaldes, concejales y familiares en primer grado de dichos cargos públicos, obligando a todos ellos a hacer público su patrimonio; y aprobar leyes que obliguen a los partidos políticos a democratizar su funcionamiento interno y a que hagan públicos todos sus ingresos y gastos.
Igualmente, aboga por integrar a los secretarios e interventores municipales en la Intervención General del Estado para garantizar una correcta fiscalización de la gestión municipal; la obligatoriedad de declarar los regalos y donaciones que reciban los cargos públicos y sus familiares en primer grado; y establecer un máximo de ocho años para los cargos públicos.
La asociación pide establecer en el 50% la fiscalidad sobre las plusvalías generadas en las recalificaciones urbanísticas; obligar a que las cesiones de suelo sean destinadas exclusivamente a la adquisición de un patrimonio público para la construcción de vivienda protegida; y modificar la legalidad jurisdiccional para establecer las garantías necesarias para ejecutar las sentencias de demolición dictadas en el ámbito de lo Contencioso Administrativo, restringiendo "al máximo" la técnica del incidente procesal.
Otras medidas necesarias son el acceso a la "justicia gratuita" para las ONG que acrediten una trayectoria en defensa de la legalidad urbanística; erradicar los paraísos fiscales; y una mayor transparencia y control sobre las operaciones financieras de Bancos y Cajas de Ahorros ligadas a transacciones inmobiliarias, así como sobre notarios y registradores de la propiedad.
Mayor dotación de medios humanos y materiales a los tribunales de justicia y a la Fiscalía para que se impida que un expediente urbanístico tarde más de un año en tener sentencia firme; herramientas para que los Juzgados de lo Contencioso puedan adoptar medidas cautelares de paralización de obras cuando existan indicios suficientes de ilegalidad; y legislar con "mucha mayor precisión" y elevar las penas relacionadas con los delitos de malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de dinero, contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio, completan su paquete de medidas.