SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La vista sobre el plan de derribos de Argoños, celebrada este jueves en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha concluido sin acuerdo, después de que la promotora de las sentencias de demolición en la región, la asociación ecologista Arca, haya rechazado el sistema de realojo en otras viviendas planteado por el Ayuntamiento para las 250 familias afectadas que hay en el municipio.
La propuesta, sin embargo, ha contado con el visto bueno del Gobierno autonómico y de los representes de las ocho urbanizaciones sobre las que pesa orden de derribo, que se distribuyen en diez procedimientos judiciales, que han considerado "razonable" el planteamiento de la administración local para ir realojando, de manera rotatoria y progresiva, a los propietarios afectados en otras viviendas, hasta que se derriben las suyas y les construyan una nueva o les abonen la correspondiente indemnización. Esta situación está prevista, en un principio, para once vecinos del Camino del Portillo, en la urbanización Las Llamas II.
Pero del sistema de realojo provisional también se hubieran beneficiado los otros 244 propietarios de Argoños, de las viviendas restantes de Las Llamas II y de Las Llamas I, La Llana I y II, Pepín Cano, Pueblo del Mar, Munargo y Satec, viviendas que, según el Plan de Derribos del Ejecutivo cántabro, se podrían llegar a legalizar, primero con la concesión de autorizaciones provisionales y, después, con licencias definitivas tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La propuesta del Ayuntamiento de Argoños es "similar" a la que en su día realizó el de Arnuero, para las 144 viviendas de La Arena (y que, a priori, se van a demoler todas), por lo que desde Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por derribo y algunos de cuyos miembros han seguido la vista, han lamentado la "cerrazón" de Arca. Y es que, a su juicio, derribar una casa para construir otra "igual" y "en el mismo lugar" es una "atrocidad", tanto desde el punto de vista racional como jurídico, según ha manifestado a Europa Press el presidente de AMA, Antonio Vilela.
