La Audiencia juzga hoy a un hombre acusado de abusar de la nieta de su pareja

 

La Audiencia juzga hoy a un hombre acusado de abusar de la nieta de su pareja

Actualizado 20/07/2009 8:07:27 CET

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará hoy a un hombre acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja desde que la niña tenía seis años de edad, y que a los once se quedó embarazada.

El Ministerio Fiscal solicita una pena que suma 450 años de prisión por treinta delitos de violación; 10 años de alejamiento por cada uno de los treinta delitos de los que se le acusa; y una indemnización de cien mil euros en favor de la menor por los daños morales causados a la niña derivados del sometimiento sexual al que se vió forzada.

Según consta en el relato del Ministerio Fiscal, el acusado Isidro A. M.V., de nacionalidad ecuatoriana, inició en el año 2003 en su país una relación sentimental con la abuela de la víctima, cuando ésta tenía seis años de edad.

En aquella época, en la que residía en Ecuador, el procesado, aprovechando los momentos en los que se encontraba a solas con la nieta de su pareja, abusaba sexualmente de la niña, a la que conminaba a no contar nada porque si no le haría daño a ella o a su familia.

Según el Fiscal, esta situación se mantuvo hasta que la menor tuvo nueve años de edad, momento en el que el acusado consiguió mantener una relación sexual completa con la pequeña, que cuando tenía algo más de diez años, hacia noviembre de 2006, se trasladó a España para reunirse con su madre.

SE QUEDÓ EMBARAZADA

En julio del año 2007 la abuela de la niña y el acusado se trasladaron también a España. Como la madre de la menor había tenido otro hijo, ésta solicitó la ayuda del acusado para cuidar al recien nacido cuando ella se iba a trabajar, a lo que el imputado accedió, yéndose a vivir a casa de ésta.

Aprovechando esta circunstancia, durante los meses de junio, julio y agosto de 2008, el acusado retomó los abusos sexuales hacia la menor cuando se encontraba a solas con ésta, violándola prácticamente todos los días y, en cualquier caso, en más de 30 ocasiones distintas.

A consecuencia de ello, y cuando sólo tenía 11 años, la niña se quedó embarazada, practicándole un aborto a finales de agosto del año pasado, al percatarse las unidades médicas del hospital Sierrallana de Torrelavega del estado de gestación de siete semanas en que se encontraba la menor, derivado de la agresión sexual no consentida a que estaba siendo sometida por el procesado.

A su vez éste, conociendo el estado de embarazo de la víctima, y con el fin de eludir la responsabilidad que le pudiera corresponder por ello, se marchó precipitadamente, si bien fue detenido el 28 de agosto del año pasado, estando desde entonces privado de libertad.

Según señala el escrito del Fiscal, además de soportar la intervención quirúrgica que le fue practicada para poner fin al embarazo, la menor ha tenido que ser sometida a tratamiento psiquiátrico para superar la "desviada educación sexual a la que ha sido sometida por el procesado desde los 6 años de edad, aprovechándose de su vulnerabilidad y la relación familiar que les unía, así como la incapacidad en que se encontraba para salir de la explotación sexual de que estaba siendo objeto por el temor a sufrir algún mal de los que le anunciaba el procesado".

PENAS

El Fiscal acusa al procesado de 30 delitos de violación, por lo que solicita una pena de 15 años de prisión por cada uno de ellos. Asimismo, solicita una pena de 10 años de alejamiento por cada uno de los treinta delitos de los que se le acusa, y una indemnización de 100.000 euros para la niña por los daños morales derivados del sometimiento sexual al que se ha visto forzada.

Por su parte, la acusación particular que ejercen los padres de la menor, califica los hechos como delito continuado de agresión sexual y delito de aborto, ya que la acusación particular argumenta que el hombre le obligó a realizar todo tipo de ejercicios para que la niña perdiera el feto.

Por el primer delito, pide 22 años y medio de prisión, así como prohibición de comunicar durante 32 años y por el segundo, otros dos años de cárcel. La indemnización reclamada es la misma que solicita la Fiscalía, 100.000 euros.

Por último la defensa del acusado niega los hechos y solicita su libre absolución.

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