La Audiencia rechaza los recursos del comité de Ecomasa y confirma el archivo de la pieza de las indemnizaciones de Teka

Publicado 16/06/2017 12:35:49CET

La instrucción de la causa principal contra Lavín y de León ha estado parada durante 16 meses

SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia provincial ha confirmado el archivo de la causa contra los propietarios de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín, en relación a los delitos contra los derechos de los trabajadores y de apropiación indebida y estafa que se les atribuía por las indemnizaciones de Teka, sobreseimiento que no afecta a la presunta estafa agravada y delito de fraude de subvenciones por los que siguen siendo investigados.

En sendos autos dictados el 31 de marzo y el 18 de abril, a los que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia desestima los recursos del comité de empresa contra las últimas decisiones del juez instructor, adoptadas en febrero de 2016. Ello supone que la instrucción de la causa principal contra Lavín y de León ha estado parada durante 16 meses.

Junto con el archivo de la parte relativa a las indemnizaciones de Teka, también adquiere firmeza el archivo de la causa contra la anterior directora del Servicio Cántabro de Empleo, María Angeles Sopeña, por un supuesto delito de falsedad documental en relación con los cursos formativos subvencionados por el EMCAN.

Se confirma igualmente el archivo de la causa en relación al delito de coacciones investigado a Mario Palacio, director de la fábrica de estufas de Ecomasa-Nestor Martin en Maliaño, al que los trabajadores acusaron de presionarles para que firmaran los partes de asistencia a los cursos y modificaran los cuestionarios de satisfacción para cobrar la subvención del EMCAN, conducta que no ha quedado acreditada.

Igualmente, la Audiencia ratifica la negativa del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander a admitir a trámite la ampliación de la querella solicitada por el comité de empresa de Ecomasa, que pretendía extender su acusación a directivos de Teka.

En todos los casos, la Fiscalía pidió la desestimación de los recursos de los trabajadores.

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