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SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha sido condenado a indemnizar con 19.532 euros a un vecino de Lejona (Vizcaya) que en marzo de 2007 cayó por la boca o respiradero de una mina de carbón abandonada en la pedanía de Ontón.
Así consta en una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, recogida por Europa Press, y que estima en parte el recurso interpuesto por el afectado, que reclamaba un total de 120.000 euros al Consistorio, la Comunidad Autónoma y el Estado en concepto de responsabilidad patrimonial por las lesiones y secuelas sufridas en la caída, a una profundidad de 20 ó 30 metros.
El hombre, que entonces tenía 42 años y estaba separado y en paro, acudió sobre las 6.30 horas -de noche- del 11 de marzo de 2007 a pescar a la zona de El Piquillo, en el acantilado de Ontón.
Al separarse del camino y adentrarse en la maleza para hacer sus necesidades, cayó por el respiradero de una antigua mina de carbón ya abandonada, tras extinguirse la concesión minera en 1990, y se precipitó unos 20 ó 30 metros.
A consecuencia de la caída, sufrió diversas lesiones, por las que estuvo impedido 536 días -32 de ellos en el hospital- y diferentes secuelas, como cuatro cicatrices, por las que presentó reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Administración del Estado, a la Comunidad Autónoma de Cantabria y al Ayuntamiento de Castro Urdiales.
Según la sentencia de la Audiencia Nacional, que es firme, el lugar de la caída se encuentra en la zona de servidumbre de protección, que no estaba vallada o cerrada ni tampoco señalizada. El respiradero de la antigua mina de carbón se ubica en una parcela cuya titularidad corresponde a la Junta Vecinal de Ontón.
Así, la Sala de lo Contencioso no aprecia responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado en cuanto a las competencias que en su día ostento sobre el servicio minero, al igual que tampoco la aprecia en la Comunidad Autónoma.
Por contra, entiende que "el peso de la responsabilidad" recae en el municipio, al ubicarse la antigua mina en un terreno de titularidad municipal en el que había, además, elementos "potencialmente peligrosos".
