Buruaga, "tranquila" ante la querella de una trabajadora de la FCSBS, destaca que la Fundación ha hecho 76 despidos

 

Buruaga, "tranquila" ante la querella de una trabajadora de la FCSBS, destaca que la Fundación ha hecho 76 despidos

Sáenz De Buruaga
EUROPA PRESS
Actualizado 26/02/2013 13:23:07 CET

La consejera defiende la actuación del Patronato y muestra su confianza plena en la Justicia

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, se ha mostrado "muy tranquila" ante la querella interpuesta por una trabajadora de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social contra el Patronato, y ha defendido que el despido de esta persona, declarado nulo por los tribunales, se llevó a cabo en el marco del plan de reestructuración de la fundación, en el que se han amortizado 76 puestos de trabajo.

Sáenz de Buruaga, que ha declarado el pasado viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en calidad de presidenta del Patronato de la FCSBS, ha mostrado su "confianza plena" en la Justicia y ha destacado que "no hay imputación alguna, al menos hasta el momento".

La consejera ha subrayado que la reestructuración de la FCSBS se ha basado en un informe que "hablaba de reorganización por departamentos, que nunca jamás se refirió a puestos de trabajo concretos, ni aludió a personas con nombres y apellidos, ni a circunstancias personales, laborales ni familiares".

Según desveló este lunes en el Parlamento el diputado socialista Francisco Fernández Mañanes, la trabajadora despedida y luego readmitida por sentencia firme del TSJC formó parte de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Santander en las pasadas elecciones. En su fallo, el TSJC señala que su despido "solo puede interpretarse como el desenlace de aquellos sucesivos actos de marginación laboral, derivados del conocimiento de la militancia política de la actora".

La trabajadora ha presentado una querella criminal que, según ha explicado Buruaga a preguntas de los periodistas, se basa "fundamentalmente" en un presunto delito de prevaricación, aunque también contra la integridad moral y los derechos de los trabajadores.

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