Sota ha instado a ello a todas las fuerzas del arco parlamentario y algunos partidos de la oposición ya han mostrado su disposición
SANTANDER, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) insiste en la necesidad de defender la permanencia de la cláusula del 'statu quo' en el nuevo modelo de financiación autonómica para evitar una merma de ingresos e insta a todos los partidos del arco parlamentario a crear un "frente común" para defender los intereses de la comunidad autónoma en una negociación que cree que será "difícil" y "muy a cara de perro".
El consejero de Economía , Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, ha hecho este llamamiento durante su comparecencia este miércoles en la Comisión especial no permanente de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria, en la que algunos grupos de la oposición, como Podemos y el PP, se han mostrado también a intentar pactar junto al Gobierno una "postura común" y "consensuada" sobre este asunto.
En este sentido, Cristina Mazas, diputada del PP y quien fue consejera de Economía, Hacienda y Empleo del anterior Gobierno regional liderado por el 'popular' Ignacio Diego, ha recordado que la reforma del modelo de financiación "siempre" es un "tema de interés".
DEFENSA DE LA CLÁUSULA DEL 'STATU QUO'
Y respecto al 'statu quo' que actualmente impide que una comunidad pueda ver mermados sus ingresos respecto al ejercicio anterior, y su posible eliminación del nuevo modelo de financiación autonómica, Mazas ha advertido que algunos expertos en la materia, como el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, ya han alertado que sería "perjudicial" para Cantabria que esta cláusula fuera eliminada.
Mazas ha opinado que en el tema de la financiación autonómica sería "muy importante" que todos los partidos del Parlamento regional (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) --menos el PRC el resto también tiene representación en el Congreso de los Diputados-- alcanzasen una "postura común" de cara a la negociación sobre el nuevo modelo para defender los intereses de la comunidad autónoma.
Por su parte, Sota ha reconocido que el Gobierno regional bipartito tiene "especial interés" en hacer ese "frente común" con todos los partidos en este asunto y ejercer "fuerza" en una negociación "difícil" y que cree que será "una batalla a cara de perro" entre las comunidades autónomas debido a que el Gobierno central no quiere incrementar los recursos lo que, en su opinión, va a impedir el que los distintos territorios puedan llegar a un acuerdo.
En el caso de Cantabria, el consejero ha defendido la necesidad de defender el mantenimiento de la cláusula del 'statu quo' y ha alertado de que, de lo contrario, Cantabria podría rebajar su índice de financiación del 118% que tiene actualmente respecto a la media de España al aproximadamente 99%.
Y respecto al hecho de que Cantabria sea actualmente la comunidad con mayor financiación por habitante, ha señalado que esto "no se debe a un privilegio" sino a que en ella concurren factores, como la dispersión poblacional, que encarecen el coste de los servicios.
Sota ha advertido que para Cantabria "no es posible" prestar estos servicios con menos recursos que cuando se produjo por parte del Estado la transferencia de competencias a la comunidad.
CANTABRI MANTIENE CONTACTOS CON OTRAS CC.AA PARA "AUNAR VOLUNTADES"
El consejero ha revelado este miércoles durante su comparecencia en el Parlamento que Cantabria está manteniendo encuentros con otras comunidades para intentar "aunar voluntades".
Según ha dicho, estos contactos se están celebrando de forma discreta y no se les está dando publicidad ya que "lo que nos interesas es el resultado final más que escenificaciones".
Estas palabras de Sota llegan un día después de que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), tildara de "disparate" el "esbozo" que hay para el nuevo modelo de financiación autonómica, en que se plantea que prevalezca el criterio poblacional sobre el del coste de los servicios.
El regionalista alertó del perjuicio que ello supondría para Cantabria y cifró que la comunidad podría perder 312 millones al año si esto se materializa.
