Conde-Pumpido pide que la corrupción deje de utilizarse como "arma política"

Cándido Conde-Pumpido en la UIMP
EP/UIMP
Actualizado 20/07/2010 17:48:34 CET

El fiscal general del Estado reclama que el derecho penal deje de ser "permanentemente cuestionado"

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha pedido este martes que la corrupción deje de utilizarse como "arma política", ya que en realidad se trata de un fenómeno "absolutamente transversal" que no guarda relación con la política, sino "con el ejercicio del poder al que puede conducir la política, cualquiera que sea la orientación ideológica de quien lo ejerce".

Durante su intervención en el seminario 'La crisis de la justicia', dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Conde-Pumpido ha defendido la lucha de su departamento contra la corrupción.

"Ayudaría que la corrupción del adversario dejara de utilizarse como arma política. Sobre todo, porque parece bastante sorprendente que los políticos no se han dado cuenta ya de que es un arma de doble filo cuyo uso partidista resulta muy peligroso", ha advertido.

Para el fiscal general del Estado, resulta "muy fácil caer en el error de buscar la paja en el ojo ajeno para tener que acabar tratando de ocultar la viga en el propio", y recordó al respecto que ya "acreditó" en el Parlamento que "ninguna fuerza política está libre de este mal".

El fiscal ha lamentado que se haya dado "deliberadamente" la impresión de que sus actuaciones contra la investigación se traten de "una especie de cacería de políticos con objetivos precisamente políticos".

Conde-Pumpido considera que si se quiere "un futuro mejor", hay que llegar "colectivamente a la convicción de que el derecho penal necesita otra forma de aplicación en este terreno" que pasa por "verse legitimado y no permanentemente cuestionado".

Además, ha reflexionado sobre "cuánto nos cuesta la corrupción", con consecuencias como "la anulación o falseamiento de la libre competencia de los mercados, el encarecimiento del suelo y de las infraestructuras, la burocratización de la vida política, la inseguridad jurídica que genera desconfianza y la desinversión".

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