SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria conocerá en breve, en el transcurso de las próximas semanas, los costes económicos que supondría la recuperación de la gestión de los servicios no sanitarios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
El Ejecutivo está a la espera de conocer los resultados del estudio encargado al Servicio Cántabro de Salud sobre los costes económicos de las distintas causas de resolución posibles, conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado.
Se trata de una de las cuestiones abordadas este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno, que ha analizado el informe emitido por la Dirección General del Servicio Jurídico sobre el contrato de colaboración público-privada suscrito por el anterior Ejecutivo para la conclusión de las obras de Valdecilla y que ha supuesto la privatización de los servicios no hospitalarios durante un periodo de 20 años, con un coste cercano a los 900 millones de euros.
Según el informe, el contrato se ajusta a los requisitos formales exigibles, resultado que esperaba el Ejecutivo, dado que de haber existido errores en la tramitación o en el contenido del contrato no hubiera superado los filtros jurídicos necesarios para someterlo a la aprobación del Consejo de Gobierno.
No obstante, también considera que la actual gestión ha "hipotecado" a la Comunidad Autónoma y ha convertido a pacientes y profesionales en "inquilinos", al haber privatizado los servicios no sanitarios que influyen a diario en el funcionamiento del hospital. De ahí, la necesidad para el Gobierno de valorar los costes económicos que supondría recuperar esa gestión.
Además, el Gobierno seguirá llevando a cabo un "seguimiento estricto" del contrato de colaboración público-privada, con el objeto de evitar cualquier posible incumplimiento y actuar en consecuencia en el caso de producirse alguno.
Hasta el momento, ya ha creado una comisión interna de seguimiento y contratado una auditoría sobre el acabado de la obra y su adaptación al proyecto.
Además, ha encargado a la Universidad de Cantabria sendos estudios sobre la diferencia de coste que ha supuesto para la Comunidad Autónoma este contrato respecto al procedimiento administrativo habitual y el porcentaje que su pago supone en el presupuesto regional.
