PRC, PSOE y PP están dispuestos a hacer aportaciones al proyecto de ley y a recoger las reivindicaciones de sindicatos y CEOE
SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Cualquier persona o empresa podrá adquirir vivienda protegida (VPO) en Cantabria pero solo podrá usarla por quien tenga ingresos que no superen 4,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), según lo establecido en el proyecto de Ley de Vivienda Protegida promovido por , actualmente en tramitación parlamentaria.
Así lo ha indicado este martes en una comparecencia parlamentaria el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez Argüeso, para presentar a los grupos parlamentarios (PSOE, PRC y PP) una ley que "elimina las restricciones" a la compra de VPO y que vincula los requisitos para acceder a ella al uso y no a la propiedad.
De esta manera, en el proyecto de ley, aprobado el pasado septiembre por el Consejo de Gobierno, se establece que quien adquiera una vivienda protegida y supere estos ingresos deberá cederla --vía alquiler por ejemplo-- a quien no sobrepase esta limitación.
Hasta ahora, para poder acceder a la vivienda protegida se establecían distintos niveles de IPREM dependiendo del régimen al que correspondía la vivienda en función de la subvención pública que tenía.
PRECIO Y SUPERFICIE MÁXIMA
Entre otros aspectos, el proyecto de Ley regula el tope de superficie de VPO y su precio máximo, aspecto este último que se calculará multiplicando el denominado "módulo máximo autonómico" --758 euros/metro cuadrado-- por los metros cuadrados de la vivienda y por un coeficiente multiplicador de 1,6.
La normativa señala que aquellos municipios afectados por el Plan de Ordenación del Litoral (POL), además de Cabezón de la Sal y Reinosa, se podrá vender hasta un 15 por ciento más caro.
En cuanto a la superficie, se ha explicado que un tope de 90 metros cuadrados, considerado, por parte de los socialistas, "insuficiente" para aquellas familias numerosas.
Por otra parte, en el proyecto de ley se señala la posibilidad de que los compradores con ingresos menores a 3,5 veces el IPREM puedan acogerse al tipo reducido del IVA, siempre y cuando el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,5 veces el módulo básico autonómico, aspecto sobre el que el PRC ha expresado sus dudas sobre la legalidad de este aspecto que, según Rodríguez Argüeso, podría modificar su redacción.
En la comparecencia, solicitada por el PSOE, el consejero ha opinado que se trata de la ley de VPO "más completa" de España y ha ofrecido "todo el diálogo" para llegar al mayor "acuerdo posible" en una normativa que, a su juicio, es "muy importante y necesaria para Cantabria".
VALORACIÓN DE LOS GRUPOS Y DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DE VIVIENDA
Los grupos parlamentarios han expresado su disposición a realizar aportaciones para "mejorar" el proyecto de ley, del que PRC y PSOE han criticado algunos aspectos y han expresado tener algunas "dudas".
Por su parte, los regionalistas han asegurado que se trata de una ley "innecesaria en gran parte" tal y como está planteada, "incompleta", "con muchas carencias" y que, aunque pueda aportar más seguridad jurídica, "complica muchísimo la gestión" y es "muy burocrática".
Los socialistas, aunque "celebran" la ley sobre VPO, ha opinado que creen que es "empezar la casa por el tejado" ya que da a Cantabria una Ley de Vivienda Protegida sin tener una ley autonómica de vivienda.
Tras ello, el consejero ha afirmado que "sigue siendo necesario" dotar a Cantabria de una Ley de Vivienda y ha señalado que en la próxima legislatura habrá que trabajar en ello porque "es importante".
Fernández Mañanes ha criticado que no se haga referencia al parque de vivienda protegida, al alquiler social y a los colectivos prioritarios para ello o a los afectados por desahucio, una "problemática de primer orden".
En su opinión, ha quedado una ley "muy técnica" que ofrece "una parte por el todo" que no responde, a su juicio, a los "intereses sociales".
Así, Fernández Mañanes ha anunciado que presentarán enmiendas parciales para "mejorar" el proyecto de ley, sobre todo para los colectivos "más vulnerables".
Ante estas consideraciones del socialista, el consejero se ha mostrado "abiertos" a incorporar a la ley aspectos no incluidos, como los relativos al registro de demandante o a los colectivos especiales, si bien, según ha indicado Rodríguez Argüeso, este último aspecto ya se incluye en las distintas leyes sectoriales e incluirlo sería "redundar" en él.
Por su parte, el PP ha opinado que el proyecto de ley "da respuesta" a la "situación del mercado", de los propietarios y de los demandantes y ha destacado que se busca dotar de un "marco legal" a la comunidad autónoma sobre vivienda protegida; "dar solución a los problemas actuales" y tiene un objetivo "social" al "volcar sus esfuerzos" en favorecer el acceso de las vivienda.
Tras la comparecencia del consejero, han comparecido los representantes de CC.OO, UGT y CEOE que forman parte de la Mesa de Vivienda, a los que ya se les remitió el proyecto de ley una vez aprobado por el Consejo de Gobierno y registrado en el Parlamento, algo que han criticado los representantes de los sindicatos, que se han quejado de la "escasa" o "nula" participación de ellos y de los afectados en esta norma.
La representante de UGT en la Mesa de Vivienda, Asunción Villalba, ha opinado que el proyecto de ley "no satisface" el objetivo de contar con una Ley de Vivienda autonómica que "satisfaga" el derecho de disfrutar de una vivienda "digna" y no incluye "ni una" sola de las recomendaciones del Informe sobre Vivienda Social de la UE, como la de "dar respuesta" a la situación de los desahucios.
Ha reclamado que la ley incluya medidas para proteger a los arrendatarios en paro y en peligro de ser desahuciados y ha considerado "irrenunciable" un parque público de viviendas de alquiler para jóvenes, ancianos, víctimas de violencia de género y familias con bajos y medios ingresos.
CC.OO ha explicado que valorará el proyecto de ley cuando los servicios jurídicos y técnicos del sindicato analicen esta normativa "compleja".
Por su parte, en representación de CEOE-Cepyme Cantabria, Justo Cobo, que también preside la Asociación de Constructores de la comunidad, y que se ha mostrado contrario a la limitación de 90 metros cuadrados de superficie máxima y también ha considerado "bastante escaso" el modulo máximo autonómico.
Ha opinado que el proyecto de ley y su redacción debe revisarse "un poco más" para que sea "más claro".
OTROS ASPECTOS DE LA NORMA
Según se ha expuesto en la comisión parlamentaria, el proyecto de ley incluye un régimen sancionador para luchar contra el fraude en el sector.
Se mantiene también la obligación de destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente y otorga rango legal a las causas que pueden justificar la desocupación temporal de las viviendas por un plazo máximo de dos años, siempre que se autorice de forma previa.
Y sobre la descalificación de las viviendas, la ley desarrolla las "razones de interés público" que la motivan a las necesidades de política de la vivienda.
También se regula la responsabilidad administrativa del promotor, que es independiente de la civil, por la aparición de "vicios o defectos" que se manifiesten en los cinco años desde la calificación definitiva de la vivienda.
En cuanto a la transmisión de viviendas protegidas, se establece que, en tanto perviva su régimen jurídico, será necesaria una autorización pública para percibir cantidades de dinero a cuenta en los procesos de compraventa de viviendas protegidas antes de iniciar la construcción o durante la misma.
Además, la comunidad autónoma tendrá derecho de adquisición preferente las viviendas protegidas mientras se mantenga su régimen de protección.
