Las denuncias por violencia de género crecen un 33% en Cantabria hasta marzo

 

Las denuncias por violencia de género crecen un 33% en Cantabria hasta marzo

Publicado 21/06/2017 14:28:57CET

También aumentan un 28% las mujeres que figuran como víctimas en las denuncias, 376 en el primer trimestre, que suponen 12,6 de cada 10.000

SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron durante el primer trimestre de este año un total de 433 denuncias, lo que representa un incremento del 33,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2016, cuando se registraron 325.

Del mismo modo, el número de mujeres víctimas que figuran en dichas denuncias aumentó un 27,9 por ciento, al pasar de 294 en el primer trimestre de 2016 a 376 de enero a marzo de este año.

Así se desprende del informe que trimestralmente difunde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, que se ha dado a conocer este miércoles.

Esas 376 mujeres que figuran como víctimas de violencia son 12,6 de cada 10.000 cántabras, una ratio por debajo de la media nacional, que en el periodo analizado asciende a 16.

Cantabria se sitúa, de este modo, entre las que menor ratio tienen - Castilla y León, con 9,8, seguida de La Rioja y Galicia, con ratios en torno a 10, las que menos- mientas que Baleares, con una ratio de 20,9, y Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias con tasas ligeramente superiores a 20, son las comunidades autónomas con las más altas.

DENUNCIAS

Se mantiene el alto número de denuncias presentadas por la propia víctima (260), seguidas de las que se interponen por servicios asistenciales y terceras personas (81), por intervención directa de la policía (69) o las que llegan por un parte de lesiones remitido por los servicios sanitarios (19). Una vez más, se constata la escasa denuncia de la violencia de género por parte de los familiares: sólo cuatro de todas las presentadas.

En 35 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 9,3 por ciento del número de mujeres que figuran como víctimas y un aumento respecto al primer trimestre de 2016, cuando ejercieron este derecho veinte mujeres.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Durante el primer trimestre del año se solicitaron en los órganos judiciales de Cantabria 70 medidas de protección -diez menos que en términos interanuales-, entre las pedidas en virtud el artículo 544 ter que conllevan medidas de carácter penal y civil y su adopción exige escuchar al presunto agresor, y las del artículo 544 bis, precepto que permite al juez adoptar una protección de carácter penal sin necesidad de escuchar al denunciado.

De las 70 medidas solicitadas, los jueces acordaron 46, lo que representa el 66 por ciento de todas las pedidas y supone un aumento respecto a un año antes, cuando se adoptaron seis de cada diez solicitadas.

De esas 46 órdenes de protección y medidas de protección y seguridad se derivaron un total de 133 medidas judiciales de carácter penal y 34 de tipo civil.

Entre las primeras, las más frecuentes fueron el alejamiento (45) y la prohibición de comunicación con la víctima (45), seguidas de la suspensión de la tenencia y uso de armas (30), la salida del domicilio (7) y la prohibición de volver al lugar del delito (5).

Entre las civiles, ocho fueron sobre prestación de alimentos, otras ocho sobre atribución de vivienda y una sobre protección de menores.

PERFIL

En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas, la mujer era española y mayor de edad (56 ocasiones). En otras 13 se trataba de mujeres extranjeras mayores de edad. Sólo en una ocasión, la víctima era menor de edad y española.

En cuanto a los denunciados sobre los que se acordó medida de protección, 59 eran españoles y 11 extranjeros. Durante el primer trimestre de 2017, un total de 52 hombres fueron enjuiciados (43 españoles y 9 extranjeros) y el 84,9 por ciento resultaron condenados. Sólo ocho quedaron absueltos (seis españoles y dos extranjeros).

Al analizar la relación que existía entre la denunciante y el denunciado en el momento de producirse la supuesta agresión, en el 41,43 por ciento de las ocasiones existía un matrimonio o una relación afectiva, mientras que en 58,57 por ciento el vínculo ya estaba disuelto.

DELITOS POR MALOS TRATOS

A lo largo del primer trimestre de este año, los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron un total de 571 asuntos, de los que cerca de 152 no requirieron apenas instrucción y se llevaron por juicio rápido, 28 fueron por delitos leves y sólo se registraron dos sumarios, procedimiento empleado para tramitar los delitos más graves. El resto de asuntos se llevaron por diligencias previas o procedimiento abreviado, los procedimientos de instrucción más habituales.

Si se analizan los tipos delictivos en los que se encuadran las denuncias presentadas, la mayoría (197) respondieron al maltrato del artículo 153 de Código Penal, esto es, el delito que castiga una conducta que no da lugar a lesión o sólo requiere una primera asistencia médica, cuya condena oscila entre los seis meses y el año de prisión.

En otras 32 ocasiones, se denunciaron acciones tipificadas en el artículo 173, que condena aquella actitud persistente que genera un clima de pánico en el entorno familiar. Este delito está penado con una condena de entre seis meses y tres años de cárcel.

En este trimestre no ingresó ningún asunto por maltrato del artículo 148 y siguientes del Código Penal, que son preceptos que se refieren a una lesión que requiere una primera asistencia y un tratamiento médico posterior, y cuya pena va de lo seis meses a los cinco años de cárcel.

Además, los juzgados de violencia de Cantabria tramitaron 90 asuntos por quebrantamiento de una medida cautelar, 46 por un delito contra la libertad -amenazas y coacciones-, 39 por quebrantamiento de condena, tres por un delito contra la integridad moral, dos por delito contra los derechos y deberes familiares y uno por un delito contra la indemnidad sexual.

En cuanto a delitos leves, se registraron un total de 20 procedimientos por injurias y uno por vejaciones injustas.

Las denuncias presentadas ante los juzgados de violencia de género también dieron lugar a la apertura de 67 procedimientos civiles, de los que 34 eran de divorcio, 19 sobre la adopción de medidas de guarda y custodia de hijos no matrimoniales y 15 sobre modificación de medidas acordadas en sentencias de disolución matrimonial, entre otros.

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