Desarticulada una red de tráfico de personas con 25 detenidos

Actualizado 23/01/2015 11:50:11 CET

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación iniciada en el mes de diciembre por la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno, ha derivado hasta el momento en la detención de 25 personas por un delito de tráfico irregular de personas, la propuesta de extinción de un gran número de tarjetas concedidas con documentación fraudulenta y la anulación de las que se encontraban en trámite.

La investigación de esta trama se inicia en la Oficina de Documentación de Extranjeros, donde llaman la atención numerosas solicitudes en las que se observaba un "patrón común": parejas formadas por ciudadanos de Marruecos, de los que no había constancia de que hubieran estado en España y que solicitaban tarjetas de residencia por su supuesta condición de familiares comunitarios, y mujeres en su mayoría de origen latinoamericano y nacionalizadas españolas.

Todos ellos estaban empadronados en el mismo ayuntamiento y les constaba que trabajaban para los mismos empleadores. Ante estas coincidencias, el Grupo Operativo de Extranjeros comienza una investigación que se ha dilatado hasta el pasado lunes.

Presuntamente, ellos esperaban fuera del territorio nacional a que se les asignará una pareja, luego viajaban a Cantabria y realizaban los trámites para la obtención de la tarjeta de residencia, que una vez conseguida, servía para residir y trabajar legalmente en Francia, siendo difícil de comprobar su situación de residencia por parte de las autoridades francesas.

Con el ciudadano marroquí, que era el que captaba a sus compatriotas, colaboraba una mujer de origen ecuatoriano, que se encargaba de buscar entre el círculo de personas venidas desde su país de origen, a chicas nacionalizadas como ella, "dispuestas a ganar dinero fácil y rápidamente". Las ofrecían unos 3.000 euros, por permanecer inscritas en el Registro de parejas de hecho durante al menos tres años.

También buscaba a los empleadores que les hicieran un contrato laboral ficticio, que justificara en el caso de las mujeres nacionales, que tenían capacidad económica para hacerse cargo de su pareja extranjera.

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