Díaz informa a los grupos del fallo del PGOU y dice que el Ayuntamiento explorará todas las alternativas

 
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Díaz informa a los grupos del fallo del PGOU y dice que el Ayuntamiento explorará todas las alternativas

Publicado 21/11/2016 15:42:11CET

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de Santander, César Díaz, ha informado este lunes a los grupos municipales sobre la sentencia del Tribunal Supremo en relación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y sus efectos, y ha destacado que el Ayuntamiento "explorará y estará atento a todas las posibles alternativas que puedan plantearse para minimizar su incidencia".

Ha sido en el marco de la Comisión de Desarrollo Sostenible, en la que el portavoz del equipo de gobierno del PP ha entregado una copia del fallo a todos los ediles y ha dado cuenta del trabajo realizado hasta la fecha por los servicios técnicos para evaluar las consecuencias de la resolución judicial en los proyectos en marcha o previstos, así como las soluciones o alternativas posibles.

Según informa el Consistorio, Díaz, de acuerdo con la interpretación que realizan los servicios jurídicos municipales, ha indicado que el fallo del Supremo supone la "anulación total" del plan, ya que anula el acuerdo de aprobación definitiva adoptado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del Gobierno cántabro y la doctrina del Alto Tribunal, en estos casos, es "anular el planeamiento de forma completa".

No obstante, ha precisado que el Ayuntamiento estará "atento" al pronunciamiento que pueda hacer el Supremo ante la aclaración de sentencia que tiene intención de solicitar el Ejecutivo regional y ha solicitado que se le dé traslado de dicha aclaración.

Al mismo tiempo, la administración local "seguirá analizando posibles soluciones y medidas para minimizar los efectos del fallo judicial y mantener el ritmo inversor y la actividad en la ciudad".

En este sentido, Díaz ha resaltado que se va a proponer al Gobierno regional una modificación de la Ley del Suelo con el fin de recoger la posibilidad de aprobar unas normas urbanísticas transitorias para el suelo urbano consolidado hasta la aprobación de un nuevo PGOU.

La idea, según ha precisado el edil, sería introducir esa modificación a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales de 2017, que aún no han iniciado su tramitación parlamentaria, por lo que ha considerado que "hay tiempo" para plasmar ese cambio a través de una enmienda.

Al margen de estas medidas, el responsable de Urbanismo ha recordado que el Plan General de 2012 tuvo la "prudencia" de incluir una categoría de suelo denominada "suelo urbano en vías de consolidación" que se correspondía con aquellas actuaciones que habían empezado a desarrollarse en el contexto del plan de 1997, un tipo de suelo "no se va a ver afectado" por la anulación del plan.

Además, Santander, en este momento, cuenta con "una oferta de suelo ya urbanizado seguramente mayor a la demanda que pueda existir" y eso hace que, "en tanto en cuanto, se resuelva la afección de la sentencia del Tribunal Supremo, habrá numerosas iniciativas que tengan viabilidad en el contexto actual", ha agregado Díaz, que ha puesto ejemplos como el sector 4 de Primero de Mayo, el sector 3 de Peñacastillo Sur, El Mansil o El Recial, que ya están urbanizados y tienen parcelas "en las que se puede seguir actuando".

Asimismo, ha señalado que las actuaciones de iniciativa pública sobre suelo público "es casi seguro que puedan tener continuidad", bien porque las concreciones de equipamiento sean "válidas" o bien porque "se puedan hacer concreciones nuevas que posibiliten la actuación prevista".

CAUSA EXTERNA Y SOBREVENIDA

Díaz ha dejado claro que la anulación del Plan General se debe únicamente a una causa "externa" al Ayuntamiento y "sobrevenida", como es la anulación del proyecto del bitrasvase, por una insuficiente motivación de su evaluación ambiental, "un año después de la aprobación y entrada en vigor del PGOU".

Y ha insistido en que la sentencia "no plantea reparo de ninguna clase al modelo urbanístico y territorial, sino al contrario", ya que los magistrados del Supremo asumen las mismas tesis que defendieron con anterioridad los del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y convalidan el modelo, que no consideran "erróneo ni irreal".

DESLINDE CON CAMARGO

Además de analizar los efectos de la sentencia del Supremo, la Comisión de Desarrollo Sostenible ha acordado este lunes plantear una solicitud de deslinde ante el Gobierno regional para que resuelva las diferencias de criterio existentes entre los ayuntamientos de Santander y Camargo en relación a los límites territoriales de ambos municipios.

En concreto, la petición se refiere a un tramo, en el entorno de la ría de Raos, en el que no se consiguió un acuerdo en la comisión de deslinde constituida entre ambos municipios.

En vista de ello, con este acuerdo adoptado en comisión, que deberá ser ratificado por el Pleno de la Corporación en su reunión de este jueves, se solicita que sea el Gobierno regional el que realice el deslinde, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del Consejo de Estado.

AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES

Por otro lado, la Comisión también ha aprobado el reparto de un total de 23.283 euros en ayudas a tres comunidades de propietarios para la instalación de ascensores en sus inmuebles.

En concreto, según ha precisado Díaz, se han concedido 9.000 euros a los propietarios del edificio situado en la calle Manuel Rioz Pedraja 8, una ayuda de 8.519 euros a los de la calle Perines 20, y un total de 5.764 euros para la comunidad de propietarios del Paseo de Pereda 1.

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha recordado que el Ayuntamiento otorga ayudas para la instalación de ascensores en edificios residenciales del municipio que carezcan de este equipamiento y tengan que implantarlo en cumplimiento de normativas legales aprobadas con posterioridad a la construcción del inmueble.

De esta forma, ha señalado, se contribuye a mejorar la accesibilidad la accesibilidad y las condiciones de habitabilidad de los edificios, con los beneficios que conlleva para todos los residentes, y especialmente para las personas con discapacidad, las personas mayores y quienes tienen dificultades de movilidad.

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