Ecologistas presenta alegaciones a los proyectos mineros de las empresas australiana y canadiense

Publicado 02/02/2018 16:41:34CET

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Cantabria ha presentado alegaciones a los dos primeros permisos de investigación que el Gobierno regional ha admitido en la zona central y occidental de la Comunidad, que afectan a una decena de municipios con el fin de investigar la presencia de zinc y plomo, fundamentalmente.

Se trata de los permisos de investigación 'Buenahora' de la empresa australiana Slipstream Resources Spain, SL., que ocupa 188 cuadrículas mineras de los ayuntamientos de Comillas, Ruiloba, Udías, Cabezón de la Sal y Alfoz de Lloredo, y 'Salia', de la empresa canadiense Cantábrica del Zinc, SL., que ocupa 120 cuadrículas mineras de los ayuntamientos de Reocín, Mazcuerras, Cartes, Torrelavega, Santillana del Mar y Suances.

La asociación ecologista pide que se desestime la admisión definitiva de la solicitud de los dos permisos de investigación por la "insuficiencia manifiesta" de la documentación presentada, por la "necesidad de someterse" a evaluación de impacto ambiental ordinaria y por la "ilegalidad" de las modificaciones de la Ley del Suelo de Cantabria.

En un comunicado, EA sostiene que ambos proyectos mineros "adolecen" de información sobre "la localización y el emplazamiento" de los sondeos para los que se necesitan construir accesos. En consecuencia, "no se puede realizar una evaluación de las afecciones al medio de los sondeos si no se describe y valora previamente el territorio sobre el que se van a realizar".

Así, al "desconocer" los puntos donde se realizarán los sondeos que definen la parte de la investigación "más invasiva", "no se ha podido analizar el medio en el que se van a desarrollan para determinar con qué medidas correctoras el impacto que se genere será nulo o mínimo", argumenta Ecologistas en Acción.

A juicio de esta asociación, no deberían otorgarse los permisos para las actividades previstas mientras no se conozca el medio en el que se desarrollan y se evalúen las afecciones que se pudieran generar. Añade que la tramitación debe realizarse a través de una evaluación ambiental ordinaria, porque resulta "inviable" -insiste- evaluar el medio en el que se realizan los sondeos, si pueden generar impactos y cómo puede realizarse la restauración "sin conocer el punto de emplazamiento de la actividad".

"El permiso 'Salia' tiene previsto realizar 145 sondeos, la mayoría de los cuales superan los 500 metros de profundidad, y el permiso 'Buenhora' tiene prevista en una primera fase 40 sondeos de una profundidad de aproximada de 200 metros y en una segunda fase los sondeos con mayor riqueza minera, se profundizarán más allá de 500 metros", reflexiona el colectivos.

Y aunque las empresas promotoras -la australiana y la canadiense- sostienen que los lodos de perforación que se utilizarán para los sondeos son inocuos y biodegradables, Ecologistas tiene "muchas dudas" al respecto, debido a la "falta de especificaciones", como en el caso del permiso 'Buenhora', del tipo de sustancias que van a emplear en la composición de los lodos.

Recuerda además que las zonas de Cantabria afectadas por los permisos de investigación ocupan amplias zonas con un subsuelo kárstico, con cavidades internas, por lo que la presencia de metales pesados en las áreas de investigación puede generar su arrastre y comunicación con el sistema de acuíferos de la zona Santillana del Mar-San Vicente de la Barquera.

Así, las afecciones se pueden producir tanto al medio natural como a los recursos de consumo de agua en localidades como Queveda, Santillana del Mar, Novales o Comillas.

LEY

Sobre la ley el reglamento de Minas, Ecologistas en Acción alega que son normas "de la época de la Dictadura, preconstitucionales", pero su "antigüedad" no puede ser una "excusa" para que Cantabria "no asuma sus responsabilidades constitucionales y autonómicas en materia de planificar una utilización racional de los recursos mineros que sea respetuosa con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medioambiente".

En este punto, la asociación asegura que "el Gobierno de Cantabria ha incumplido las normas relativas a la planificación minera", y pone de manifiesto la "ilegalidad" de la Ley 5/2017, de 15 de mayo, por la que se modificó la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, -más conocida como Ley del suelo-, que "allanó el camino para facilitar la actividad minera en todo tipo de suelo rústico".

Esa modificación, advierten los ecolistas, ha servido para "esquivar cualquier obstáculo", en concreto la doctrina de los tribunales, tanto del Superior de Justicia de Cantabria como del Supremo.

"Es en el momento en que se decide si va a otorgarse o denegarse un permiso de investigación para realizar los estudios y trabajos encaminados a poner de manifiesto si existen recursos minerales susceptibles de explotación, cuando debe resolverse si los intereses mineros son o no prevalentes a los ambientales, agrícolas o de otra clase que puedan existir en los terrenos a los que el permiso ha de referirse", sostiene al respecto Ecologistas en Acción, para quien dicha norma no es conforme con nuestro ordenamiento jurídico, ni constitucional y con el Derecho de la Unión Europea, ni tampoco los permisos de investigación que se concedan al amparo de una ley "manifiestamente ilegal, sin tener en cuenta el interés público".