Familiares de fallecidos en el Cabildo padecen un "duelo patológico", según perito forense

 

Familiares de fallecidos en el Cabildo padecen un "duelo patológico", según perito forense

Juicio Cabildo
EUROPA PRESS
Actualizado 17/06/2013 16:36:33 CET

Los peritos no se ponen de acuerdo a la hora de valorar el inmueble siniestrado

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los familiares de Gumersinda Colmenero y de su hijo Jesús, fallecidos en el derrumbe del Cabildo, que han pedido indemnización por secuelas padecen un "duelo patológico", según la médico forense que ha declarado como perito en el juicio.

Éste proviene tanto de la pérdida de sus parientes como de su propia vivienda ya que L.G.C. y F.G.C., dos de los hijos de Gumersinda y por tanto hermanos de Jesús, residían en una vivienda del inmueble siniestrado, pero distinta a la de los fallecidos, junto a JC.H., marido de L.G.C.

Tanto la médico forense como otra perito judicial que han realizado un informe sobre sus secuelas han coincidido en que los tres sufren un trastorno ansioso depresivo como secuela del derrumbe. Además, en el caso del hijo, F.G.C., se le reconoce también una lesión dorsal.

En el caso de JC.H., marido de la hija de Gumersinda, se indica que el trastorno ansioso depresivo que sufre es un agravamiento de una psicopatía previa que, con el derrumbe, se ha "descompensado".

Según la forense, sus secuelas son "compatibles" con la vivencia de derrumbe y derivan de que el duelo habitual que sufren normalmente las personas que han vivido un suceso y una pérdida similar se ha convertido para estos tres familiares en un "duelo patológico" que se ha "cronificado".

Para ello, establece que F.G.C. necesitó para "estabilizar", que no sanar, de sus secuelas 556 días impeditivos, mientras que para su hermana L.G.C. se fijan 168, también no impeditivos, y para su cuñado, JC.H., 60 impeditivos y 60 no impeditivos.

Estas cifras son similares a las consideradas por la perito de parte que les ha valorado, salvo en el caso de JC.H. para el que establece en 364 los días para estabilizar la secuela y considera que los 120 de la médico forense son "muy pocos".

Además, ha realizado una valoración de los tres y ha situado dentro de una escala el trastorno de cada uno en una escala de 1 a 10, situando en un 8 el de F.G.C. y en un 6 el de su hermana L.G.C. Para el marido de ésta, ha utilizado una escala diferente puesto que es un agravamiento de una psicopatía previa.

BIENES

Además, en esta penúltima sesión del juicio han declarado un total de trece peritos, de los cuales once se han ocupado de la valoración de los bienes de los afectados, sobre todo de los inmuebles, no sólo del se derrumbó, el número 14 de la Cuesta del Hospital, sino también del 16, que fue declarado en ruina debido al suceso. Ninguno es coincidente en las cifras y, ni siquiera, tampoco en el método para calcularlo.

Como ejemplo, dos peritos judiciales han calculado el valor de reposición (lo que costaría volver a construirlo, algo que no es posible actualmente en ese solar) y lo han fijado en 277.000 euros, mientras que uno de la Sociedad de Tasación ha tenido en cuenta el valor de venta, que, lo ha cuantificado en 780.000 porque incluye "la repercusión del suelo en el inmueble".

En lo relativo al valor del solar, otro perito ha explicado que "no puede definirlo" porque, por su calificación urbanística actual, no tiene los criterios que necesita para hacerlo. "A día de hoy no podemos establecer una realidad urbanística", ha dicho en su declaración. En relación a este asunto, la juez no ha aceptado aquellas cuestiones relativas sobre las "previsiones" de futuro para este terreno porque son "pura especulación".

En el escrito provisional del Ministerio Fiscal antes del juicio, se pedían unos 900.000 euros en indemnizaciones para los afectados por el derrumbe, que es lo que se está dirimiendo pues lo relativo al ámbito penal ya ha quedado resuelto por un acuerdo parcial alcanzado por las partes.

Esta cuantía tendrá que ratificarla en sus conclusiones finales, que quedarán fijadas por las partes este martes en la última sesión del juicio, que arrancará, a partir de las 9.30 horas.

Los dos peritos judiciales que han valorado los bienes que había dentro de los inmuebles afectados por el derrumbe han señalado que "nada les llamó la atención" en los datos que les aportaron sus propietarios y "no había nada" que no considerasen propio del uso que tenían.

Sólo en un caso no han tenido en cuenta una relación de material de oficina de uno de los propietarios de una de las viviendas pues, a su juicio, "no era lógica" que existiera tal cantidad en un piso que tenía menos de 40 metros cuadrados útiles.

Por otra parte, en el caso del bajo almacén, y aunque "no pueden certificar que sí estaba" el volumen de prendas que aseguran los propietarios --unas 400 valoradas en 282.000 euros más 56.400 de IVA más el recargo de equivalencia y 48.871 más por pérdida de beneficios--, consideran que la cantidad en que se han cuantificado se "ajusta al mercado".

En contraposición a la información aportada por otros propietarios, que ha sido "muy genérica" y "escasa", han señalado que en el caso de los del almacén se han aportado "muchísimas facturas".

Los peritos judiciales incluyen el IVA más el recargo de equivalencia pero no la pérdida por beneficios, si bien han explicado que sólo es así porque consideran que está fuera de su labor realizar esa estimación. A ellos, se ha unido otro perito auditor que realizó un valoración de las existencias el mismo día del derrumbe. Éste ha certificado el IVA que reclaman los propietarios del bajo y también consideran "indemnizable" la pérdida de beneficio.

Además, ha considerado "absolutamente normal" para una tienda de ropa el margen de beneficios que reclaman los propietarios.

Como los dos anteriores, ha confirmado que ha tenido acceso a copia de las facturas de las prendas para realizar sus informes, documentación que no tienen, según se ha puesto de manifiesto, todas las partes.

Esto ha provocado que se haya dedicado tres cuartos de hora en buscar esta documentación que no se halla entre la remitida por parte del juzgado de instrucción al de lo Penal. Sin embargo, se ha aceptado la existencia de esas facturas y se aportará copia a las partes que no lo tengan.

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