El Gobierno cántabro llevará a la Fiscalía la situación de Ecomosa si hay indicios de delito en la auditoría

Publicado 04/09/2015 13:35:28CET

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional trasladará de forma inmediata a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la situación de Ecomasa si en la auditoría encargada en torno a esta fábrica de estufas de Maliaño (Camargo) se aprecian indicios de comisión de posibles delitos.

Además, en función del resultado de la auditoría, que se conocerá en las próximas semanas, el Ejecutivo adoptará también las actuaciones que considere oportunas en el Parlameto autonómico, con medidas como la comisión de investigación anunciada.

Así lo ha asegurado este viernes la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, que ha precisado que en el Gobierno van a esperar el resultado de la auditoría para acometer después las actuaciones que consideren "pertinentes", tanto ante la Fiscalía como ante la Cámara.

En rueda de prensa, y a preguntas a propósito de la reunión que mantienen este viernes los gestores de Ecomasa con responsables de Sodercan, la también consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha señalado que desde la empresa pública les han trasladado de nuevo que el Ejecutivo cántabro no puede invertir "más dinero" ni dar "avales" a Ecomasa, puesto que está "intervenido".

Así, el concurso de acreedores solicitado era "la única salida posible y viable", que debe acompañarse -ha añadido Díaz Tezanos- de la búsqueda de un inversor que apueste por el proyecto y permita mantener la actividad en la factoría y los puestos de trabajo.

La también secretaria general del PSC-PSOE ha insistido en que la situación de Ecomasa es "complicada" y supone un "problema importante" que "dejó" el anterior Gobierno del PP, y que socialistas y regionalistas están "afrontando en las mejores condiciones que podemos".

En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que a la par que se busca un inversor se trabaja en la auditoría para esclarecer "dónde han ido a parar" los 21 millones invertidos en el proyecto, 18 de los cuales fueron aportados por el Ejecutivo en tanto que los 3 restantes se corresponden con las indemnizaciones por despido que percibieron los trabajadores, en su mayor parte recolocados de Teka en la fábrica de estufas de Maliaño.