El Gobierno desmiente cualquier intención de privatización de recursos sociales públicos

Publicado 06/04/2017 16:44:49CET

Dice que ha decidido trasladar temporalmente a los usuarios del CAD de Sierrallana para garantizar su seguridad y la de los trabajadores

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha desmentido cualquier intención de privatización de recursos sociales públicos y ha asegurado que su compromiso con el mantenimiento y mejora de los servicios y prestaciones sociales públicas es "absoluto".

Además y en relación al Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, el Ejecutivo ha aclarado que la decisión de trasladar temporalmente a los usuarios se ha adoptado con el objetivo de garantizar su seguridad y la de los trabajadores del centro, y ha confirmado que la plantilla de trabajadores no va a experimentar ninguna reducción en sus efectivos.

En un comunicado, el Gobierno ha indicado que todos los usuarios que tienen que ser trasladados de manera temporal a la Fundación Asilo de Torrelavega (24 personas) y los que van a ser reubicados en los otros dos módulos del CAD (73 personas), una vez concluya el tratamiento contra las termitas, que según la empresa oscilará entre los cuatro y seis meses, y una vez realizadas las obras de mejora de las instalaciones previstas, volverán a su módulo.

A la hora de organizar la recolocación de los usuarios, el Ejecutivo ha explicado que se ha realizado "un importante esfuerzo" para que el número de traslados a otro centro sea "el menor posible", pero ha apuntado que "es necesario tener en cuenta por encima de todo la seguridad de los usuarios y no es aconsejable incrementar más allá de estas cifras el nivel de ocupación de los otros dos módulos del CAD".

Además, se ha optado por evacuar a los usuarios mientras se realiza el tratamiento teniendo en cuenta las características de estas personas que, en su mayor parte, presentan una gran discapacidad y como consecuencia de ello una dependencia absoluta, lo que hace que no se puede garantizar su seguridad durante el tratamiento, ya que existe el riesgo de que pudieran manipular los insecticidas.

LA PLANTILLA NO VA A CAMBIAR

En relación a la plantilla, el Ejecutivo ha asegurado que "se mantendrá tal y como está ahora", y ha recordado que se han cubierto todas y cada una de las vacantes en los concursos que ha habido hasta la fecha, lo que, a su juicio, evidencia el carácter transitorio del traslado de los usuarios y la intención del Gobierno de mantener el nivel de recursos humanos del centro.

El Gobierno también ha afirmado que se han facilitado todas las explicaciones necesarias a trabajadores y a las familias, acompañadas de documentos y de informes sobre la situación del centro, una vez que se conoció la plaga de termitas el pasado mes de diciembre, y sobre los motivos de la decisión de trasladar temporalmente a los usuarios y sobre cómo va a realizarse este traslado.

Así, ha añadido que la directora del ICASS, María Felisa Lois, ha estado reunida el día 27 de febrero con el comité de empresa, el día 28 de febrero con la Junta de Participación de las Familias, a las que también se ha mandado una carta con toda la información, y el día 29 de febrero se celebró una nueva reunión en el propio centro.

Además, el 13 de marzo la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, mantuvo un encuentro con el comité de empresa para aclararles cualquier duda que pudieran tener y trasladar el compromiso del Ejecutivo con el mantenimiento de este servicio público.

Ese mismo día, según ha indicado el Gobierno, Díaz Tezanos también intervino en el Parlamento de Cantabria, durante el pleno, y aseguró que el Gobierno "no se plantea el cierre de ningún centro" y facilitó todas las explicaciones necesarias sobre la decisión de traslado temporal de los usuarios.

COMPROMISO CON LO PÚBLICO

El Gobierno de Cantabria ha enfatizado que tiene un "compromiso absoluto con lo público y con los servicios y prestaciones sociales públicas", que ha trasladado a los presupuestos regionales en estos dos ejercicios.

Además, el Ejecutivo ha reivindicado que, desde el comienzo de la legislatura, ha situado como una prioridad la recuperación de los niveles de bienestar y así, entre otras medidas, ha aumentado el número de plazas concertadas, y en este 2017 se suben los precios públicos por plaza concertada, se reducen los copagos y se devuelve la gratuidad de la teleasistencia.

"El Ejecutivo en su toma de decisiones se rige por el interés del ciudadano y en este caso ha adoptado la decisión de trasladar a los usuarios velando por el bienestar de estas personas. No hay más motivación que ésta", ha concluido.

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