Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 03/12/2009 17:21
SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria está intentando que se paralice o haya una prórroga de la orden de derribo de los 17 chalés de la Urbanización Cerrias I, en Liencres (Piélagos), al tiempo que se busca una vía de salida a los propietarios, aunque sea en forma de compensaciones.
Lo aseguró hoy el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Ejecutivo, José María Mazón, quien informó de que la Comisión Regional de Urbanismo ha planteado la suspensión de la ejecución de la sentencia de derribo que pesa sobre esas 17 viviendas desde hace siete años, sentencia que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha ordenado cumplir en quince días.
El consejero, que acudió a Piélagos a entregar, junto con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y el alcalde, Jesús Ángel Pacheco, 42 viviendas de protección oficial, señaló que el Ejecutivo "está viendo todas las posibilidades legales" que tiene "a su alcance", porque no quiere "dejar desemparados" a los propietarios.
"Estamos preocupadísimos", afirmó Mazón. "Encima de mi mesa tengo todos estos temas de los derribos. Qué más quisiera yo que poder arreglarlos, pero nosotros tenemos la obligación de cumplir las leyes y cumplir las sentencias", añadió.
FÓRMULA COMPLICADA
En este sentido, el titular de Vivienda recordó que si bien en Piélagos existen otras dos urbanizaciones con sentencias de demolición para las que hay "una solución bastante probable" por lo que "se podrían salvar", en el caso de Cerrias I "la fórmula es más complicada", ya que están "directamente" afectadas por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y la Ley de Costas.
En cualquier caso, manifestó que "tiene que ser el Ayuntamiento quien tome la iniciativa".
SE ACTUÓ DE LA ÚNICA FORMA QUE ERA POSIBLE
José María Mazón defendió la gestión realizada por Revilla en 1996, que desestimó una paralización de las obras solicitada por la asociación ecologista Arca. Aseguró que el por aquel entonces consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo no pudo "hacer otra cosa" porque los terrenos sobre los que se construyó la promoción "eran urbanos", según constaba en informes de urbanismo y en el plan general de Piélagos, que se había aprobado en 1993.
Además, recordó que en aquella fecha los terrenos no estaban afectados por el deslinde de costas. "No le quedaba más remedio que desestimar aquello. No había otra posibilidad. Todo esto proviene del año 93 y del año 94", zanjó. "Posteriormente, Arca recurre las licencias y los tribunales anulan todo", añadió.
"Se actuó de la única forma que era posible en aquel momento", insistió Mazón, que también dijo que "la Comunidad Autónoma no puede revisar un plan así como así".
"Son los tribunales de justicia los que lo han anulado y los que han ordenado la demolición, y no se pudo en ningún momento hacer nada en aquellas circunstancias", recalcó, para indicar que "en algunas ocasiones" se pretende "echarle culpas a quien no las tiene".
ALGUNOS COMPRARON SENTENCIA DERRIBO
"No nos querríamos ver en la piel de estos afectados. La mayor parte de ellos son inocentes", aseguró el consejero, que también recordó que "algunos" compraron las viviendas "ya con sentencia", por lo que, en este caso, "cada uno sabía lo que compraba": "una orden de derribo". "Y el que compra una orden de derribo ya sabe lo que se encuentra", advirtió.
En cualquier caso, el consejero aseguró que desde el Ejecutivo no van a "abandonar a nadie", sino que van a "intentar ayudarlos en lo posible. "Pero no está todo en nuestra mano. Los tribunales de justicia son los que dictan las sentencias y los que ordenan la ejecución de las mismas", concluyó.