SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria "toma nota" de las protestas contra los diques de La Magdalena y Los Peligros y "analizará" las reivindicaciones de quienes se oponen a esta actuación así como el proceso de información y participación pública realizado en relación a esta obra.
"Claro que tomaremos nota y lo analizaremos", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, al ser cuestionada este lunes sobre las protestas que, promovidas por ARCA y Grupo Alceda, se están efectuando en las últimas semanas --la última este domingo-- contra los diques que el Ministerio de Medio Ambiente están ejecutando en estas playas para hacer frente a la pérdida de arena de estas playas.
Estos colectivos consideran un "atentado" esta obra y han convocado ya algunas concentraciones en la zona donde se están construyendo los espigones para pedir la paralización de los trabajos y la retirada de las escolleras por el impacto paisajístico que, a su juicio, suponen y han denunciado "falta de sensibilidad" por parte de las Administraciones que están detrás del proyecto.
Aunque se trata de una obra del Ministerio, estos colectivos señalan que ha sido promovida desde el Ayuntamiento de Santander, por lo que ya han reclamado a la alcaldesa, Gema Igual, su paralización.
También han pedido al Gobierno de Cantabria y al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que "pare" lo que consideran una "barbaridad" y una "herida" para la ciudad.
Cuestionada por estas protestas, Díaz Tezanos ha mostrado su "respeto" a las mismas y a quines las promueven y respaldan y ha señalado que el Gobierno regional (PRC-PSOE) "siempre está muy atento" a las reivindicaciones de los colectivos ciudadanos.
Aunque ha señalado que desde el Ejecutivo "tomarán nota" a estas reinvindicaciones, la vicepresidenta regional sí ha apuntado que "parece" que el proceso de información publica se ha llevado a cabo "con rigor", aunque ha asegurado que el Gobierno lo "analizará".
Por parte de los colectivos que se oponen a la obra se opina que no ha habido en este asunto el proceso de información pública que era "necesario" y creen que en todo este proyecto ha habido una "enorme falta de transparencia", tanto en lo que se refiere a los detalles de la actuación, como en cuanto a la presentación de alegaciones.
