Los "continuos recursos dilatan" el proceso, en el que no se ha logrado acreditar la existencia de un grupo empresarial organizado
SANTANDER, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 14 personas están imputadas por delitos fiscales y delito continuado de falsedad de documento mercantil por su implicación en la denominada operación 'Trigo Limpio' contra el blanqueo de capitales, que se remonta al año 2007.
El auto que pone fin a la instrucción, y en el que el juez Juan Parra halla indicios de delito, tiene "múltiples recursos" que están en fase de tramitación, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.
En su fase inicial, la instrucción de la Operación 'Trigo Limpio' tuvo "una gran relevancia mediática". Sin embargo, pese a los años transcurridos, poco o nada se ha vuelto a saber desde entonces de un caso al que todavía le queda mucho recorrido judicial.
De hecho, la Fiscalía augura que el procedimiento "previsiblemente se prolongará en el tiempo", dado que "hay 14 imputados con defensas diferentes que plantean continuos recursos contra resoluciones judiciales de mero trámite, dilatando el curso del proceso de forma indeseable".
La Fiscalía, que presentó ya en 2013 su escrito de conclusiones provisionales, aventura por ello una fase intermedia "complicada y lenta", una vez concluida la instrucción, y tras una investigación que "no ha permitido acreditar que todos los acusados actuasen como un grupo empresarial organizado".
El caso ha sido instruido por el Juzgado nº 1 de Santander, desde donde el juez José Hoya Coromina autorizó en 2007, la intervención de comunicaciones telefónicas y la entrada y registro en despachos y domicilios de abogados y empresarios conocidos de Santander, y llegó a acordar la prisión provisional de muchos de ellos.
Tal y como relata la Fiscalía en su memoria anual, recogida por Europa Press, la Operación 'Trigo Limpio' revestía la apariencia de un entramado societario vinculado a la opacidad tributaria. En su instrucción participaron en "estrecha colaboración" la Inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) y el grupo especializado en delitos económicos de la Policía Nacional.
En mayo de 2007 fueron detenidas en una primera fase cinco personas, y dos semanas después otras seis. El juez llegó a fijar para algunos de ellos fianzas de dos millones de euros.
Hoya Coromina les imputaba en los autos de aquella época, la creación de una estructura organizada dedicada a la intermediación en la adquisición y venta de terrenos utilizando para ello una serie de sociedades "fantasma", como 'Minalcom' y otras, a cuyo frente estaría un "testaferro" sin capacidad real de disposición, con el fin de emitir facturas falsas que ampararían ventas realizadas por otras empresas o particulares que no declaraban su actividad.
Según los autos judiciales de aquella fase de la instrucción, dichas sociedades carecían de localización física, actividad, empleados y activos de cualquier tipo, y en unos casos se encontraban domiciliadas en los propios domicilios de los imputados, mientras en otros carecían de domicilio. A través de ellas, los imputados habrían proporcionado a empresas y particulares facturas falsas con el fin de blanquear dinero o eludir el pago de impuestos.
Los primeros detenidos fueron R.M.P., de 44 años; JA.L.G., JJ.R.G, de 51; JÁ.C.I., de 73, y JF.P.G., de 47 años, a los que se les imputaban delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa y falsedad en documento mercantil. A las dos semanas se sumaron a la lista de detenidos por la operación 'Trigo Limpio' E.P.L., de 65 años, JL.O.M., de 40, C.B.P., de 53, A.L.G, de 62 años, JR.R.R., de 64 años, y R.U.L., de 70.
Con carácter general, la Fiscalía llama la atención sobre la "poderosa estrategia defensiva" que sustenta a los acusados por delitos económicos, "auspiciados por profesionales especialmente cualificados y que ponen frecuentemente en entredicho la extraordinaria y minuciosa labor de depuración de responsabilidades que realizan la inspección de la AEAT, y que junto a las complejidad de la tramitación de los procedimientos por delitos económicos, cuya instrucción con frecuencia se dilata varios años, supone aún más un déficit añadido a la averiguación de la verdad material".
