El juicio contra pedáneos de Lusa y Mioño comienza el viernes en la Audiencia Provincial

Publicado 08/04/2018 13:40:39CET

Las dos empresas de la UTE Dícido, a la que se le alquilaron, les pide penas que suman 17 años de cárcel y 24 de inhabilitación

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra los expedáneos de Mioño y Lusa, en Castro Urdiales (Cantabria), Víctor Echevarría y Antonio Alijo, por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida prevaricación y coacciones en relación con el arrendamiento de unos terrenos mineros a la UTE Dícido, comenzará el viernes, 13 de abril, en la Audiencia Provincial de Cantabria, un año y cuatro meses después de su última suspensión en diciembre de 2016.

En este procedimiento, ejercen la acusación particular las dos empresas que formaban la Unión Temporal de Empresas (UTE), Sadisa y Emilio Bolado, que piden penas que suman 17 años de cárcel y 24 de inhabilitación para cargo público para Víctor Echevarría y Antonio Alijo, exalcaldes de Mioño y Lusa, respectivamente, así como una indemnización de más de 1,25 millones de euros por los citados delitos, que la Fiscalía no considera probados.

Concretamente, el pedáneo de Mioño se enfrenta a una petición de siete años de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público por estafa, coacciones y prevaricación administrativa y el de Lusa a diez años de prisión y quince de inhabilitación por estafa, coacciones, malversación y prevaricación.

De acuerdo con la acusación particular, el objetivo del contrato era arrendar unos terrenos de las juntas vecinales a dicha Unión Temporal de Empresas para que éstas pudieran extraer y explotar económicamente durante un máximo de 20 años (el arrendamiento se fijo en cinco años, prorrogables hasta 20) los restos minerales existentes en los citados terrenos, en suelo rústico de especial protección medioambiental y donde durante décadas existió una explotación minera.

A cambio, y además de la renta, las sociedades de la UTE debían acometer la restauración ambiental y paisajística de los terrenos.

Según esta parte, en base al contrato, los alcaldes de Mioño y Lusa idearon el modo de "estafar" a la UTE empresarial y apropiarse ilegítimamente de más de 1,2 millones (1.256.700 euros) para ingresarla en las cuentas bancarias de las Juntas primero, y hacerla desaparecer de las mismas después, "en cuestión de semanas" sin que se sepa con exactitud el destino de dicha cuantía, pues el medio usado para su distracción fue, según la acusación, la emisión y utilización "descontrolada" de numerosos cheques al portador.

Pero la Fiscalía considera que no ha resultado debidamente acreditado que los acusados, en su condición de alcaldes de las juntas vecinales de Lusa y Mioño, dictaran resoluciones administrativas que "infringieran de forma palmaria" el ordenamiento jurídico administrativo, con la finalidad de "perjudicar injustamente" los intereses públicos o los de la parte contratante en el expediente de contratación hecho con la UTE Dícido.

Según el Ministerio Público, el contrato "no ha sido un puro artificio al servicio del fraude", existiendo una "voluntad negocial real" por parte de las juntas y sus alcaldes. Así, para el fiscal, lo que ha existido es una "discrepancia contractual" entre las partes que suscribieron contrato, cuya resolución debe corresponder a la jurisdicción Civil.

El juicio, que fue suspendido dos veces en 2016, se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia a partir de las 10.00 horas, y está previsto que continúe los días 20 y 27 de abril, en sesiones que arrancarán a esa misma hora.

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