SANTANDER, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander ha dictado sendos autos en los que acuerda la ejecución subsidiaria del derribo de las urbanizaciones Entrelindes de Piélagos (20 viviendas) y Las Llamas I de Argoños (19), encomendado en ambos casos a la empresa pública Tragsa.
Los autos, que no son firmes, desestiman sendos incidentes de ejecución presentados por los Ayuntamientos de Piélagos y Argoños con el apoyo del Gobierno regional. Las resoluciones, recogidas por Europa Press, han sido difundidas este viernes por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que representa a los afectados por sentencias de derribo.
En el caso de Argoños, la ejecución subsidiaria del derribo de la urbanización Las Llamas I ya se acordó en 2011, "debido a la incapacidad e inactividad de la administración local para llevar a cabo las órdenes del juzgado". Ahora, ante la propuesta del Ayuntamiento de dejarla sin efecto, el magistrado Juan Varea mantiene su decisión y ordena requerir a Tragsa para asumir la ejecución subsidiaria.
Y ello porque "la propuesta formulada nunca ha llegado a concretarse, ni en las formas, ni en el calendario ni menos aún en los medios financieros. Así, todo queda pendiente de futuribles, como el contenido del nuevo PGOU o la voluntad de los futuros gobiernos autonómicos de asumir o no el coste".
ENTRELINDES
En el caso de la urbanización Entrelindes, el magistrado critica que el Ayuntamiento presente un incidente de ejecución de la sentencia de derribo, que data de 2001, en el que la propuesta de cumplir el fallo "solo ha sido supletoria o subsidiaria, pues pasa por atender primero a la posible legalización de las viviendas, previa concesión de autorizaciones provisionales".
De hecho, paralelamente a la tramitación de este incidente se está tramitando otro de inejecución porque el Ayuntamiento ya ha aprobado esas autorizaciones provisionales.
"Es decir, se presenta una plan para demoler y a la vez, se solicita que no se ejecute ese pronunciamiento. O dicho de otra forma, no se tiene real voluntad de demoler las viviendas", señala el juez tras puntualizar que se ha intentado "una solución consensuada, en atención a los intereses en juego", pero "no ha sido posible" porque las propuestas formuladas "siguen en la línea de evitar" un pronunciamiento judicial que ordena la demolición como "única solución".
Para el magistrado, "la postura clara que debía adoptar la administración desde 1998 en que se dictan las primeras sentencias en la materia era la de demoler e indemnizar. Pero no ha hecho ni lo uno ni lo otro, o mejor dicho, no ha hecho lo uno, para no tener que hacer lo otro".
"Ni siquiera se ha ido previendo (y esto se dice en general y no por este caso), en los presupuestos anuales, las partidas necesarias a tal fin, lo que supone una palmaria voluntad de incumplir y podría suponer un indicio de desobediencia. Así, en algunos casos, se opta llanamente por alegar que no hay recursos, cuando han pasado casi 20 años y en los presupuestos anuales se ha actuado como si las sentencias no existieran", denuncia.
Por todo ello, el juez decreta la ejecución subsidiaria del derribo, designa a Tragsa para que lleve a cabo la demolición y da un plazo de 10 días al Ayuntamiento de Piélagos para consignar 545.000 euros para este fin.
AMA
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha denunciado que estos autos "una vez más han levantado la alarma entre las familias afectadas". "Son unas resoluciones duras que no acabamos de entender. Esperamos un esfuerzo por parte de la Justicia en la búsqueda de soluciones para los terceros de buena fe, ya que tenemos la sensación que en la disputa entre administraciones el perjudicado siempre son ciudadanos inocentes", afirma AMA en un comunicado de prensa.
Por otra parte, la asociación hace un nuevo "llamamiento a la responsabilidad", porque "dar la imagen de que los problemas de los derribos es un tema solucionado, es intentar ocultar uno de los mayores problemas que tiene Cantabria", afirma.
Según señala, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Argoños han iniciado una ronda de reuniones con las urbanizaciones afectadas por las sentencias de derribo, con el fin de dar a conocer los avances en el PGOU y el desarrollo del mismo para la aprobación de las autorizaciones provisionales.
La primera de estas reuniones será el domingo 18 de enero con los 78 afectados de la urbanización Pueblo del Mar I, y antes de acabar el presente mes se reunirán con todas las urbanizaciones según nos ha informado el Ayuntamiento de Argoños.
Desde la Asociación AMA se ve con "mucha preocupación" el retraso en las actuaciones, y las soluciones propuestas. En su opinión "se ha dejado todo para última hora", y además "con un nivel de improvisación muy importante".
AMA ve positivamente los posibles acuerdos con los afectados, pero advierte de que su valoración definitiva dependerá del desarrollo y grado de cumplimiento. "Tenemos la experiencia de leyes que posteriormente se han quedado en sólo humo", apostilla.
Asimismo, señala que sentencias anteriores como la de Pepín Cano y Munargo en Argoños "han puesto a los afectados en una situación muy complicada, con perdida muy importante de su patrimonio y con un futuro muy negro para la posible legalización de sus viviendas".
