SANTANDER, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El concejal no adscrito Antonio Mantecón ha pedido la dimisión del alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, y el concejal de Urbanismo, César Díaz, por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana. En su opinión, se deben "asumir responsabilidades políticas de forma inmediata" tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que anula el PGOU de la ciudad.
Mantecón felicita a la asociación ecologista ARCA por el gran trabajo realizado para tumbar el PGOU, porque "sin su iniciativa judicial no hubiera sido posible llegar hasta este punto".
Para Santander sí Puede, el fallo del Supremo "no viene sino a confirmar todas nuestras declaraciones respecto al modelo de ciudad que ha propuesto el equipo de gobierno para los próximos años. No es asumible por los ciudadanos que Santander convierta su paisaje en el paradigma del cemento y la especulación", afirman desde la dirección del partido.
A su entender, el fallo del Tribunal Supremo "confirma también nuestra visión sobre las erráticas justificaciones que ha venido dando el alcalde, pleno a pleno, para apuntalar una serie de actuaciones urbanísticas que escapan a toda lógica". "Hemos repetido hasta la saciedad la absurda previsión de crecimiento demográfico que contenía el plan general, siendo como es uno de los pilares básicos en los que se fundamenta la actuación prevista para el conjunto de la ciudad", prosigue Mantecón.
El PGOU de Santander preveía un crecimiento poblacional de 261.000 personas para los próximos años, que conllevaría la necesaria construcción de 35.316 nuevas viviendas. En opinión de Mantecón, "este punto es un argumento absolutamente falaz, puesto que nuestra ciudad pierde habitantes año a año".
En este sentido, señala que "solamente en la pasada legislatura Santander perdió 6.114 habitantes, con lo que pensar que vamos a tener un aluvión de nuevos vecinos en estos años es de todo punto absurdo".
"Y lo hemos mantenido cada vez que se hablaba de urbanismo en el Ayuntamiento, recordando que la pérdida de población unido a la gran cantidad de vivienda vacía en nuestro municipio, hacía del PGOU una herramienta solo al servicio de las constructoras y no de las necesidades de nuestros vecinos", añade.
Por otro lado, denuncia que el alcalde y su equipo "han querido urbanizar todo lo urbanizable más allá del bien y del mal", y afirma que con el PGOU de 2012, "cualquier atisbo de hacer una ciudad respirable, habitable, más humana, desaparecía ante la incontinencia del ladrillo".
Para Mantecón, las consecuencias económicas del fallo del TS son "imprevisibles, a la espera de conocer la sentencia en profundidad, aunque probablemente serán mucho menos cruentas que las manifestadas por el alcalde y su lugarteniente César Díaz para meter miedo -dice- a los vecinos de El Pilón o de Prado San Roque".
El concejal santanderino se refiere a "la amenaza de las posibles reclamaciones judiciales de los constructores si se alteraban determinadas unidades de actuación, como las de El Pilón o Prado San Roque, solicitadas por los vecinos y el propio Antonio Mantecón".
En su opinión, el alto tribunal "da la razón a los vecinos de estas zonas y a los partidos, como el nuestro, que han criticado esa falaz amenaza, no sustentada en criterios jurídicos sino en intereses económicos privados".
Mantecón cree que "lo más probable es que muchos promotores privados que pensaban hacer su agosto tengan que dar la ganancia a corto y a medio plazo por perdida y también los costes asumidos".
Sobre las consecuencias más inmediatas, Mantecón entiende que "proyectos faraónicos como La Remonta o aquellos otros destinados a las élites como El Pilón o Prado San Roque van a tener que ser paralizados. Y, "por supuesto, tendrán que 'dar una vuelta' a los presupuestos de 2017, que deberán ser modificados en profundidad para adaptarlos a la sentencia", añade.
Por último, Mantecón afirma que si pudiera, presentaría inmediatamente una moción de censura "pero el propio alcalde ya se ocupó de cercenar esa posibilidad con mi expulsión del grupo municipal, ya que la ley de bases no permite a los no adscritos presentar o apoyar mociones de censura", concluye Mantecón.
