La Mesa fija un Pleno para el día 20 que tratará siete temas distintos, entre ellos, la modificación de la Ley de Cajas

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EP
Actualizado 10/12/2010 11:55:30 CET

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento cántabro ha fijado un nuevo pleno ordinario para el próximo 20 de diciembre en el que se debatirán siete asuntos distintos, entre ellos, la modificación de la Ley cántabra de Cajas de Ahorros.

Aunque tradicionalmente el Pleno de presupuestos cierra el periodo de sesiones, este año se ha convocado todavía una sesión más, el lunes 20, que abordará un grupo de iniciativas que estaban pendientes de su remisión a Pleno.

Según ha informado la Cámara en nota de prensa, la sesión se abrirá con el debate y aprobación del proyecto de Ley por el que se modifica la Ley cántabra de Cajas de Ahorros, del año 2002, para adaptarla a la normativa estatal.

A continuación, se abordará una proposición no de ley promovida por los grupos Socialista y Regionalista sobre actuaciones para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen lupus; y otra del PP sobre el acondicionamiento y reparación del nacimiento del Ebro, en Fontibre.

Después se abrirá la ronda de preguntas, once en total, en torno a cuatro temas diferentes. La primera de ellas, presentada por el Grupo Popular se interesa por el cobro de los 112 millones de euros que el Gobierno central comprometió para la Autovía del Agua.

Otras dos, del Grupo Socialista, se centran en los objetivos, el desarrollo y el alcance del programa de alimentación saludable y actividad física en la infancia y adolescencia puesto en marcha por el Gobierno regional.

Posteriormente, el PP formulará dos preguntas sobre la propuesta de Bruselas de constituir algún Grupo de Acción Costera (GALP), y seis más en relación a la calidad del aire en Barreda. En concreto, los 'populares' quieren conocer qué medidas se han adoptado para determinar el origen de los malos olores, para determinar su composición química y para solucionarlos.

Además, preguntan por las medidas adoptadas para proteger a la población de la posible alteración de la salud por los olores, por los protocolos para proteger a los vecinos cuando hay incidencias de contaminación química que afecten a la salud, y por el seguimiento y evolución sanitaria de los vecinos afectados por los malos olores.

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