Morosidad y fiscalidad, aspectos más negativos para las empresas cántabras en 2017

Polígono industrial
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Publicado 07/03/2018 11:41:58CET

SANTANDER, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de dos de cada diez empresas de Cantabria señalan que los aspectos que impactaron más desfavorablemente en sus negocios durante el año 2017 fueron la morosidad (26,5%), seguida de la fiscalidad (24%), la demanda de su productos (21,5%) y la regulación económica (20,8%). Les siguen, por debajo del 20%, el entorno macroeconómico (19%) y la disponibilidad de financiación (13,6%).

Así lo recoge una encuesta de opinión sobre el entorno empresarial realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la última quincena de 2017 sobre una muestra de establecimientos que cubre todo el territorio nacional, todos los sectores económicos y los distintos tamaños de los establecimientos.

Los impactos más favorables en el negocio en Cantabria vinieron de la mano de la demanda de sus productos (17,9%), el entorno macroeconómico ((12,5%) y la disponibilidad de financiación (10,4%).

Los componentes del entorno empresarial a los que dan mayor importancia para su capacidad de crecimiento las empresas de Cantabria son la demanda de sus productos (50,9%), la morosidad (31,5%) y el entorno macroeconómico (30,8%).

Asimismo, la encuesta del INE revela que menos de una quinta parte de los encuestados notaron un incremento en los recursos destinados a resolver trámites con las administraciones. El 16,5% apreció un repunte de los recursos dedicados a solventar trámites en la administración estatal y autonómica, porcentaje que se reduce al 12,5% en el caso de la administración local.

Además, el 9,3% percibió un aumento en los trámites añadidos que deben cursarse para operar en diferentes comunidades autónomas, porcentaje menor al que notó un incremento en los trámites para operar en distintas localidades de una misma comunidad (10,4%). Por contra, el 1,8% y el 1,4%, respectivamente, apreció que estos trámites eran menores.

Por último, el INE señala que el 4,3% de los gestores empresariales consideran que la sustitución de las autorizaciones previas (licencias, permisos...) en la Administración estatal por declaraciones responsables supusieron algún beneficio, porcentaje que sube al 6,1% en la autonómica y el 6,55 en la local.