Los morosos adeudan 22,5 millones a las comunidades de propietarios, un 8,7% menos

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EUROPA PRESS
Actualizado 22/09/2017 12:04:32 CET

Los impagos en la región disminuyeron el pasado año un 8,74% con relación a 2015, siete décimas por encima de la media nacional

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nivel de impago por morosidad soportado por las comunidades de propietarios en Cantabria en 2016 alcanzó los 22,57 millones de euros, lo que representa un descenso del 8,74% con relación a 2015, siete décimas más que en el conjunto de España, donde la deuda de los propietarios morosos se redujo un 8,05%, hasta situarse en los 1.665,9 millones de euros.

Así se refleja en el 'Estudio global sobre la morosidad en las comunidades de propietarios en España', elaborado por el Consejo General de Colegio de Administradores de Fincas (CGCAFE) y que ha dado a conocer hoy el Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria (CAFCA), en el que se constata que prácticamente cuatro de cada diez comunidades de propietarios cuenta con algún vecino moroso.

El informe destaca asimismo que las entidades financieras, propietarias de al menos un inmueble en un 17% de las comunidades, descendió un 10,58% en la región al pasar de 4,57 millones de euros en 2015 a los 4,09 millones del pasado año. Esta caída supone cerca de 1,7 puntos menos que la media nacional, que se situó en el 12,2%.

Por otro lado, este trabajo indica que el importe medio de la morosidad en cada comunidad de propietarios asciende a 1.109 euros, lo que representa una disminución de casi el 20% con respecto a 2015, cuando esta cuantía era de 1.377 euros.

Los datos reflejan que Cantabria fue la segunda comunidad donde más disminuyó la morosidad el pasado año, tras Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, un descenso que el presidente del CAFCA, Alberto Ruiz-Capillas, ha atribuido "en buena medida", al "excelente trabajo desarrollado por los cerca de 275 administradores colegiados de la región".

En este sentido, Ruiz-Capillas ha precisado que los administradores de fincas de Cantabria son en su conjunto los que más procedimientos monitorios presentan de toda España para reclamar estas deudas a los propietarios morosos.

En su opinión, este trabajo "que permite en muchos casos una resolución rápida y satisfactoria de los conflictos", aún podría mejorar más "si el Gobierno regional aceptara que los administradores colegiados pudieran intervenir en la justicia a través del portal Vereda", tal y como vienen solicitando al Ejecutivo desde hace meses.

Además, el presidente del CAFCA se ha mostrado convencido de que una reforma de la actual Ley de Propiedad Horizontal también permitiría ofrecer una "mejor" respuesta a este problema.

Así, Ruiz-Capillas explicó que los administradores de fincas llevan tiempo abogando por que la afección real (parte de deuda que va vinculada a las fincas) debería ser hasta un total de cinco años, que es el plazo de prescripción normal, para que sea posible que la reclamación se extienda a la parte vencida de la anualidad en curso y los cinco años anteriores.

Tras recordar que aún el 39,9% de las comunidades de propietarios tienen morosos, y que el porcentaje de las comunidades de propietarios en las que las entidades financieras tienen pagos pendientes ronda el 7,3%, ha incidido en que la venta de inmuebles con morosidad es "una fuente permanente de conflictos entre la comunidad de propietarios y el comprador, que no sabe cómo tiene que actuar para conocer si el inmueble que va adquirir tiene deudas o no".

Por ello, ha solicitado que el certificado de deudas no solo se limite a la deuda líquida, vencida y exigible, sino que se amplíe a las cuotas ya aprobadas y que consten en acta, aunque no fueran todavía, en el momento de su solicitud del pago de la deuda, vencidas y exigibles.

FRENO A LA REHABILITACIÓN

Por último, Ruiz-Capillas ha asegurado que esta morosidad supone un auténtico "freno" para las obras de rehabilitación y renovación de los espacios comunes o de mejora de la accesibilidad.

"Si no conseguimos atajar esta cuestión, muchas comunidades de propietarios no podrán rehabilitar ni hacer accesibles sus edificios, tal y como están obligadas a hacer en cumplimiento de la legislación actual", ha concluido.

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