Policías locales reclaman la jubilación anticipada a los 60 años

Concentración de policías locales ante la Delegación de Gobierno
EUROPA PRESS
Actualizado 23/03/2018 19:44:42 CET

UGT, CCOO, CSIF, COP y CSL advierten del envejecimiento de las plantillas y su repercusión en la seguridad ciudadana

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 150 policías locales de Cantabria se han concentrado este viernes ante la Delegación del Gobierno para exigir la inmediata aprobación de la jubilación anticipada a los 60 años en este cuerpo policial integrado en la región por unos 600 agentes.

Los sindicatos convocantes, -UGT, CCOO, CSIF, COP y CSL- estiman que el 20% de ellos, unos 120 policías, y de ellos 30 en Santander, podrían acogerse a la jubilación anticipada en cuanto entrase en vigor el real decreto que el Ministerio de Hacienda tiene "retenido injustificadamente".

Los sindicatos advierten del envejecimiento de las plantillas de policías locales de Cantabria, cuya media de edad sitúan en 54-55 años, y su repercusión en la seguridad ciudadana. En esa línea, se remiten a estudios según los cuales el "deterioro psicofísico" de los policías locales mayores de 55 años les impide estar "en condiciones de ofrecer seguridad a otros y a sí mismos".

Esta concentración de protesta se ha celebrado de forma simultánea en todas las capitales de provincia del país para enviar "un mensaje claro" al Gobierno central y exigirle que ponga sobre la mesa una fecha para la entrada en vigor del real decreto.

"Ya está bien de tratar con indignidad a miles de policías que llevan 35, 37 y 38 años sirviendo a sus vecinos", ha señalado Juanjo González, de la Policía Local de Santander y portavoz de la plataforma nacional por la jubilación anticipada, quien ha destacado que las movilizaciones continuarán mientras no haya respuesta del Gobierno y no descartan aumentar su número e intensidad.

Según han informado los sindicatos, el proyecto de real decreto ya tiene el visto bueno del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de todas las formaciones políticas, por lo que "no es admisible que, seis meses después, el Ministerio de Hacienda no haya enviado aún el informe técnico correspondiente para que el decreto pueda ser aprobado en Consejo de Ministros".