Señala que en el proceso que se abre ahora seguirá actuando "con la misma transparencia, responsabilidad y participación" que lo ha hecho siempre
SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda y alcalde en funciones de Santander, César Díaz, ha insistido hoy en que la sentencia del Tribunal Supremo avala el modelo territorial y urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y "deja en evidencia" a quienes "de manera intencionada y oportunista" han querido achacar a ese modelo la anulación del plan.
Según ha señalado Díaz en un comunicado, la sentencia del Alto Tribunal es "bien clara" y señala literalmente que la decisión se debe sólo a una causa "externa" al Ayuntamiento de Santander y al propio plan, como es la anulación del bitrasvase del Ebro, que se produjo, además, con posterioridad a la aprobación y entrada en vigor del PGOU de 2012.
Frente a los que aún hoy, tras conocerse la resolución judicial, insisten en cuestionar el modelo territorial, Díaz ha remitido a la propia sentencia en la que los magistrados del Supremo hacen suya la argumentación realizada en 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y asumen que el modelo "no es erróneo ni irreal".
"No se plantea reparo de ninguna clase al modelo urbanístico y territorial, sino al contrario", ha enfatizado Díaz, quien ha asegurado que el modelo ha quedado "convalidado" tanto por los magistrados del TSJC como por los del Supremo.
Según ha indicado el concejal de Urbanismo, "es falso que la sentencia no llegue a tratar este aspecto, sobre el que se pronuncia de forma expresa y clara".
Ha recalcado que el Tribunal Supremo hace suya la sentencia del TSJC y refrenda que el Plan General de 2012 "parte de un modelo de crecimiento motivado y justificado", basado "en la necesidad de dar acogida a un crecimiento urbano similar al producido en los últimos 15 años", en el que "no crece tanto la población", sino el número de hogares unipersonales y mono parentales que demandan nuevas viviendas, "un fenómeno común al resto del país".
Además, ha indicado que la sentencia ratifica que el PGOU buscaba dar una "solución integral para todo el municipio que resuelva equilibradamente los problemas existentes en suelo urbano y las necesidades de desarrollo de suelo urbanizable, incluida la protección positiva de los suelos protegidos por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) mediante su obtención como suelo público a través de la puesta en marcha del plan".
"En definitiva, se trataba de un modelo fundamentado, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, que atendía la regeneración de los barrios, la implantación de equipamientos y espacios libres, y mejoras de la trama urbana, y trataba de revertir una situación de caída de la población, anticipándose a un escenario post-crisis, para satisfacer necesidades futuras", ha apostillado Díaz.
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD
El alcalde en funciones ha defendido también la inmediatez de la respuesta del equipo de gobierno tras filtrarse la previsible anulación del plan, lo que ha permitido anticiparse a la sentencia, analizar diferentes escenarios y plantear posibles alternativas para mitigar las consecuencias de la decisión judicial.
"Nos pusimos a trabajar desde el minuto uno, sin elucubraciones, pero situándonos en el peor de los escenarios, e informando con total transparencia cuando hemos tenido conocimiento de la decisión. Eso es transparencia y responsabilidad. Y gracias a eso, estamos hoy en disposición de plantear al Gobierno de Cantabria una solución para minimizar los efectos de la sentencia", ha apostillado Díaz.
En este sentido, el concejal espera contar con la colaboración del Ejecutivo regional para sacar adelante esa propuesta a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos generales de la comunidad para 2017, con el fin de poder aprobar unas normas urbanísticas transitorias hasta la aprobación de un nuevo Plan General. Díaz confía en que en este momento todas las partes estén "a la altura de las circunstancias".
Y por parte del equipo de gobierno ha señalado que se seguirá actuando en el proceso que se abre ahora de elaboración de un nuevo Plan General "con la misma transparencia, responsabilidad y participación" que lo ha hecho siempre, porque son "principios esenciales" de su gestión y así seguirá siendo.
EL FALLO NO AFECTA AL PRESUPUESTO
Por último, Díaz ha reiterado que la sentencia no afecta a los presupuestos municipales del próximo año, ni en el ámbito de los ingresos, ni en las inversiones. Así, ha explicado que los ingresos previstos por el IBI se basan en su mayor parte en la ponencia catastral de 2009, previa al PGOU de 2012; y las estimaciones de la plusvalía se han realizado en función de la tendencia de los últimos ejercicios.
En lo que respecta a las tasas por licencias urbanísticas y construcción, ha agregado que se han calculado con un criterio de prudencia, a la vista de la tendencia de los últimos años, y teniendo en cuenta los plazos de tramitación de licencias, tampoco se esperan efectos relevantes a corto plazo. Y la sentencia tampoco afecta a las actuaciones incluidas en las partidas de inversión del presupuesto municipal.
