El PRC exige al Gobierno de Rajoy una nueva Ley de Vivienda que "aborde" la emergencia habitacional

Pedro Hernando, portavoz del PRC en el Parlamento
PRC
Publicado 28/03/2018 13:35:46CET

Hernando recalca que la propuesta regionalista recoge "de manera íntegra" los compromisos firmados por Revilla con la PAH

SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Regionalista ha registrado una propuesta de proyecto de ley con el objetivo de que el Gobierno de Mariano Rajoy "aborde" el problema de la emergencia habitacional en una nueva Ley de Vivienda que recoja la dación en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros garantizados.

Se trata de "los cinco compromisos" firmados con la PAH por el secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el pasado mes de octubre de 2017. El portavoz parlamentario, Pedro Hernando, ha subrayado lo novedoso de esta iniciativa porque es la primera vez que se utiliza la vía del artículo 87.2 de la Constitución del 78 para "impulsar" la acción legislativa y política del Gobierno de la Nación.

De esta forma, el PRC cumple el anuncio que realizó el pasado lunes en el Pleno del Parlamento tras votar en contra de la proposición de ley presentada por Podemos con la iniciativa legislativa popular que la PAH ha presentado en el Congreso y en los parlamentos autonómicos. Hernando aseguró en ese debate que el contenido de esa IPL es muy diferente a lo firmado por Revilla.

Hernando, quien ha confiado que el resto de los grupos de la Cámara apoyen la iniciativa, ha incidido en que recoge "de manera íntegra" los compromisos firmados con la PAH y que "son necesarios" para "modificar" la situación de emergencia habitacional que viven muchas familiar; para "mejorar y modificar" las condiciones del mercado de vivienda, potenciando el alquiler; para "atajar" los problemas que generan los bancos como tenedores de un gran número de viviendas vacías; y para "afrontar" el problema de las familias para hacer frente a los gastos de agua, luz o gas.

"Hay que tomar medidas concretas, que debe adoptar quien tiene competencia para ello que es el Gobierno de la Nación", ha afirmado en un comunicado de prensa.

Por ello, la propuesta regionalista "exige" al Ejecutivo central que "afronte" el problema de la emergencia habitacional y que lo haga "cumpliendo" con la dación en pago retroactiva, para lo que plantea la puesta en marcha de mecanismos de segunda oportunidad para conocer la dación en pago y la condonación de la deuda, la inembargabilidad de la vivienda habitual de avalista y la eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica de las mismas.

Asimismo, deberá incluir medidas entorno al alquiler asequible como la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar seguridad y estabilidad; la ampliación, en casos tasados, a un mínimo de cinco años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos de urgencia; y actuaciones de las administraciones públicas para intentar que de manera progresiva los precios del mercado converjan con la capacidad económica de la población.

En cuanto a stop desahucios, la propuesta plantea la moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda; la obligación de los bancos y grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio; ayudas para pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor; asegurar el derecho de arraigo en los realojos, ofreciéndoles en el mismo municipio y barrio; y no permitir que ninguna persona o familia en riesgo de exclusión social quede sin vivienda por desahucios sin una alternativa.

Sobre la vivienda social, propone la movilización de vivienda vacía mediante incentivos y, en el caso de los grandes tenedores, medidas directas que sirvan para hacer llegar al mercado el stock de vivienda disponible; el incremento del parque público de vivienda; y alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.

Y en cuanto a los suministros garantizados, habla del principio de precaución para garantizar "no cortar" los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre la situación de los afectados; de la tarifa social, que se pague en función de la capacidad adquisitiva; y no asumir las deudas de suministros con recursos públicos, garantizando las negociaciones con las suministradoras para facilitar y flexibilizar el pago por parte de las familias.

Además de los anteriores puntos, la propuesta de proyecto de ley plantea la modificación de diferentes leyes como la de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria o la Ley de Arrendamientos Urbanos.