Entrará en vigor este martes, 21 de febrero
SANTANDER, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este lunes el decreto aprobado por el Gobierno regional por el que suprime la Oficina de Supervisión Integral del Gasto del Sector Público Autonómico, un órgano creado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP y que el actual bipartito PRC-PSOE se comprometió a eliminar al considerarlo "innecesario", con el consiguiente ahorro de 350.000 euros anuales.
No obstante, regionalistas y socialistas mantendrá en funcionamiento la unidad de seguimiento e información sobre el gasto y el sistema informático vinculado a ella, al considerar su labor "imprescindible para el cumplimiento de las normas de transparencia".
La decisión se adoptó hace dos semanas, en la reunión del Consejo de Gobierno en la que se dio luz verde al decreto. El mismo, en concreto, modifica la Oficina de Supervisión Integral del Gasto del Sector Público Autonómico (OSIG), lo que supone la desaparición de un órgano que el Gobierno actual considera "anómalo" en la administración pública y cuya creación generó una "gran polémica" en la pasada legislatura.
La OSIG nació como un órgano vinculado al presidente -entonces Ignacio Diego- y formado por siete altos cargos, directamente designados por él, en un principio con la misión de decidir de manera obligatoria y preceptiva sobre todo el gasto del Gobierno, por encima de los propios consejeros, que son los responsables en esta materia según la Ley de Procedimiento y Régimen Jurídico de Cantabria.
Posteriormente y dados los "problemas" que supuso el carácter preceptivo de los informes, se introdujo una modificación por la que dejaron de ser vinculantes, aunque continuaron siendo obligatorios, convirtiéndose en "un elemento administrativo más" en la tramitación de los expedientes de gasto.
El actual Ejecutivo se comprometió a su supresión, tanto en el programa de Gobierno como con los sindicatos, al considerar que solo nació "por el interés del anterior presidente de controlar personalmente los gastos y pagos", con el fin de volver a dejar la decisión y control previo del gasto en sus responsables naturales, que son los consejeros y los altos funcionarios, y su revisión y control superior en manos de los servicios de auditoría.
El decreto aprobado hace casi 15 días y publicado ahora en el BOC prevé no obstante la continuidad del procedimiento de remisión de información y del sistema informático vinculado a él, al entender que resulta "eficaz" para recopilar todos los datos sobre el gasto efectivamente realizado, necesaria para realizar estudios estadísticos sobre el mismo y, sobre todo, para trasladar los datos al Portal de Transparencia, en cumplimiento de las normas aplicables en esta materia y de las que se van a derivar de la nueva ley que en este momento tramita el Parlamento.
Según el anuncio, recogido por Europa Press, el decreto entrará en vigor este martes, 21 de febrero.
