Actualizado: lunes, 13 marzo 2017 19:11

Replica a Podemos que sin pruebas no se puede acusar

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha dicho a Podemos, este lunes en el Pleno del Parlamento, que sería el primero en ir a la Fiscalía ante cualquier indicio de ilegalidad en las ayudas a centros de formación, pero ha recalcado que "sin pruebas no se puede acusar".

Ha añadido que la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) se ha llevado documentación para estudiarla en relación a una denuncia que estaba archivada. Según ha dicho, "sólo se ha requerido documentación, no se está investigando a ninguna persona en concreto y no hay nadie citado para declarar".

Así lo ha destacado después de que la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, haya pedido al Gobierno que revoque los informes sobre accesibilidad que han impedido el acceso de determinadas empresas a las ayudas, informes que ha tildado de "falsos y fraudulentos", así como que abra una investigación interna, que presente una denuncia en los juzgados y se persone como acusación.

Ordóñez ha dicho que el Gobierno no puede limitarse a "abrir la puerta a la policía" ante lo que en su opinión constituye "una trama de corrupción en la administración". Sota se ha mostrado "muy sorprendido" con las palabras de la diputada podemita, en especial que hable de "tramas e informes falsos" cuando "eso no se ha demostrado", y sobre todo, que vincule a las anteriores directoras de Empleo.

"No es de recibo que cite a personas que no tienen nada que ver con estas cuestiones", se ha quejado, a la vez que ha pedido a Ordóñez que "no de por hecho cosas que no puede demostrar" porque no se puede ser "juez y parte".

Sota ha reiterado que actuará cuando tenga el indicio razonable de que se ha cometido alguna ilegalidad, y ha añadido que no puede ir en contra de un informe de un técnico porque estaría incurriendo en prevaricación. "No se puede actuar con esta ligereza", ha replicado a Podemos.

La Udef se llevó en diciembre expedientes administrativos del Servicio Cántabro de Empleo y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICCAS) sobre homologación de centros de formación para el empleo, así como documentación sobre la puntuación otorgada a los centros de formación desde 2007 en concepto de accesibilidad universal de sus instalaciones.

El bipartito ya dijo entonces que no se planteaba abrir una investigación interna porque no ha recibido ninguna denuncia con pruebas.

Leer más acerca de: