Finaliza el periodo de información pública en el que se han presentado seis alegaciones, "buena parte" de las cuales serán incorporadas al texto
SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La futura Ley de Transparencia de Cantabria incluirá "todas" las remuneraciones, ventajas y prebendas de los gestores públicos de la Comunidad Autónoma, pero sin "bajar al detalle", ya que la norma establecerá una serie de principios a desarrollar con posterioridad.
Ésa es "la idea que late" en el anteproyecto de ley, al que se han presentado un total de seis alegaciones -de particulares y entidades- durante el periodo de información pública, que concluyó hace una semana, el pasado viernes 20 de mayo, y "buena parte" de las cuales se incorporan al texto antes de su remisión al Parlamento regional, al que llegará en el próximo periodo de sesiones (a partir de otoño).
Así lo ha indicado este viernes el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, en una rueda de prensa para informar de la norma junto a su director de Servicios Generales, Bernardo Colsa, y en la que ha manifestado que no quiere "polémicas" con el Ayuntamiento de Santander.
Se ha referido en este sentido, y a preguntas de los periodistas, a la moción que el equipo de gobierno del PP en el Consistorio llevará al próximo pleno de la Corporación municipal -que se celebra este martes 31- para pedir que la futura Ley autonómica de Transparencia obligue a informar detalladamente de los gastos de viaje de los altos cargos del Gobierno cántabro y los órganos dependientes de la Administración regional, así como del motivo de dichos desplazamientos.
Algo que ha "sorprendido" a De la Sierra, porque según ha desvelado que él mismo mandó una carta al alcalde, el 'popular' Iñigo de la Serna, para enviarle el texto e invitarle a hacer sugerencias y aportaciones, sin que desde la administración local se haya presentado "nada" durante el proceso de información pública.
De todas formas, el consejero ha asegurado que si se aprueba la moción del PP local se estudiará y analizará su contenido durante la elaboración del anteproyecto o cuando éste llegue a la Cámara, para ver si "hay que concretar más" o ya "es suficiente con lo que está" incluido. Y es que a en su opinión "lo fundamental" ya está contemplado en el texto, pues el objetivo es publicar todas las remuneraciones y ventajas de los cargos públicos, pero sin "bajar al detalle".
En similares términos, Colsa ha asegurado que el articulado elaborado -compuesto por un total de 48- ya recoge esas peticiones, aunque "no con el detalle que se pide" desde el Ayuntamiento, y que también ha reclamado Ciudadanos.
Este último partido llevó el pasado lunes al Pleno del Parlamento una proposición no de ley sobre transparencia, para instar al Gobierno a hacer pública la agenda completa del presidente, consejeros y directores generales, así como los viajes y los gastos realizados en cada uno de ellos. La iniciativa, a la que presentaron enmiendas de modificación el PRC y el PSOE por un lado y Podemos por otro, no salió adelante.
COMPAGINAR TRANSPARENCIA CON PROTECCIÓN DE DERECHOS Y DATOS
Tanto De la Sierra -que ha defendido la transparencia como uno de los objetivos prioritarios del Gobierno, por "obligación" y "vocación"- como Colsa han indicado que la futura ley tiene que compaginar el derecho a la transparencia con la protección de determinados derechos y datos.
En cuanto a los pasos a dar a partir de ahora y una vez finalizado el periodo de información pública y presentación de alegaciones, el consejero ha indicado que en un plazo "muy breve", de "no más de una semana", se modificará el texto con la incorporación de "una buena parte" de esas sugerencias aportadas, algunas de ellas formuladas por entidades como la Universidad de Cantabria, el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), el sindicato UGT, la Federación de Municipios y la Federación de Entidades Locales Menores y Junta Vecinal de Bolmir.
A continuación, se remitirá a la Agencia Española de Protección de Datos para que emita el informe preceptivo en este tipo de proyectos de ley, y pasará después a los servicios de asesoramiento jurídico, trámite que tampoco será "largo".
Seguidamente, en unos diez o quince días, se enviará a las consejerías del Gobierno cántabro y con posterioridad se pronunciarán los servicios jurídicos del Ejecutivo, a partir de cuando se enviará al Parlamento para su debate y aprobación ya en el próximo periodo de sesiones.
ALEGACIONES
Finalmente, sobre las alegaciones y sugerencias planteadas, el consejero ha avanzado que "probablemente" se incorporarán las relacionadas con actuaciones ambientales; la publicación de informes emitidos por la intervención general pero teniendo en cuenta, eso sí, que la Agencia de Protección de Datos pide que se respeten cláusulas de confidencialidad; mayor claridad en los criterios de clasificación de los contratos menores -algo que se trata ya con "especial mimo" pero que va en línea con el espíritu de la ley- y también en la publicación de los procesos de selección de personal, para que haya "absoluta transparencia" en este tema.
Por contra, y a priori, no se incorporarán aquellas alegaciones orientadas a que el silencio administrativo sea considerado como estimatorio porque si bien parece que se trata de "una ventaja" puede llegar a ser "un inconveniente" o la que pide que los preceptos de la futura ley sean extensivos a las entidades locales menores, al estar incluidas ya en la normativa estatal.
