Tres entidades de dependencia acusan de "inoperancia" al Gobierno y le piden "soluciones"

Publicado 20/03/2018 19:32:50CET

Critican a la Consejería de Díaz Tezanos por no considerar las aportaciones del sector e "imponer" la nueva normativa de centros

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) en Cantabria, la Plataforma para la Atención de la Dependencia (PAD) y LARES, las principales entidades del sector de la dependencia, han criticado la "inoperancia política" del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), le han acusado de tener "mayor preocupación por la imagen política" que por "resolver los problemas" y le han demandado "soluciones inmediatas a la precariedad de los centros y servicios".

Así han reaccionado estas tres entidades, con una representación del 75% del sector de la dependencia, un día después de que el Pleno del Parlamento de Cantabria debatiese dos iniciativas parlamentarias relacionadas con la dependencia.

Concretamente, se debatieron y aprobaron sendas proposiciones no de ley del PSOE --uno de los que sustenta al Ejecutivo en la Cámara-- para pedir al Gobierno central (PP) que cumpla la "obligación legal de aportar el 50% de los recursos necesarios para financiar la aplicación de la Ley de Dependencia y otra iniciativa del mismo rango del PP para instar al Gobierno regional a aprobar un Plan de Recursos de Servicios de Atención a las personas dependientes.

Para estos colectivos, en el Pleno del lunes "quedó reflejada la insistencia del Ejecutivo por distribuir responsabilidades al respecto de la precariedad actual del sistema de atención a la dependencia", algo que, según han dicho, "indigna" a usuarios, trabajadores y entidades prestadoras porque "evidencia una mayor preocupación por la imagen política que por el reto de resolver los problemas actuales".

Han acusado a la Consejería de Política Social, que es la que tiene competencias en materia de dependencia y al frente de la que está la socialista Eva Díaz Tezanos, de no considerar "las aportaciones del sector" y tratar --dice-- de "imponer" una normativa de acreditación y autorización de centros que "ha sido rechazada de plano por el sector".

En este sentido, han criticado que la Consejería continúe "vinculando" el incremento del precio de las plazas concertadas a la aceptación de la nueva normativa.

Por otra parte, estos colectivos, que agrupan 80 centros, 5.200 usuarios y 2.300 trabajadores, han insistido en que es "urgente" aumentar la ratio de personal en los centros de atención a la dependencia, algo que --han señalado-- han pedido "de forma reiterativa" al Gobierno.