SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) tiene la intención de presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley cántabra que regula las autorizaciones provisionales, una figura que va a quedar en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie.
Así lo ha dado a conocer este viernes el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien ha precisado que la providencia del TSJC en la que traslada la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad ha sido notificada "hace poco" al Gobierno de Cantabria con el fin de que alegue, cosa que hará.
Y es que, aunque aún no se ha presentado la providencia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el consejero cree que, cuando se pide presentar alegaciones, es porque la Sala de lo Contencioso del TSJC entiende que esta Ley puede ser objeto de inconstitucionalidad.
Esta cuestión de inconstitucionalidad se refiere a las 32 viviendas del edifico Las Torres de Escalante que ya obtuvieron sus autorizaciones provisionales, pero el consejero cree que seguirán el mismo camino los de Piélagos, Argoños y Miengo, y en este sentido ha afirmado que le "gustaría" que hubiera una sentencia del Tribunal Constitucional "sobre el fondo del asunto".
Con todo, el consejero ha insistido en trasladar un mensaje de "absoluta tranquilidad" a los afectados por las autorizaciones provisionales, al explicarles que la cuestión de inconstitucionalidad no suspende la aplicación de la ley de autorizaciones provisionales pero sí la ejecución de sentencias de derribo hasta que no se pronuncie el TC, de forma que sus viviendas "van a estar amparadas por la legalidad" y seguirán "siendo conforme a derecho".
"La autorización provisional es una figura plenamente vigente y legal y sus efectos seguirán hasta que se otorguen nuevas licencias", ha remarcado, asegurando que este año se otorgarán un total de 450 autorizaciones provisionales.
Además ha incidido en que mientras el Constitucional resuelve --en un plazo estimado de año y medio o dos años, según Fernández-- las administraciones avanzarán en el planeamiento y otorgarán las licencias. "Gracias a esta decisión tenemos el tiempo suficiente para acabar con los planteamientos y otorgar licencias", ha enfatizado. Incluso, ha dicho, puede darse el caso que, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie "las licencias ya estén concedidas y estos procedimientos pueden quedar sin objeto".
El titular de Urbanismo ha reiterado que "en la práctica" las autorizaciones provisionales son "plenamente legales" y sus efectos se prolongarán hasta que se otorguen las nuevas licencias. De hecho, cree que "al final" del proceso, "la mayoría" de los casos terminarán con sentencias favorables a la legalidad.
En rueda de prensa, el consejero ha explicado que la cuestión de inconstitucionalidad se basa en la posible vulneración en "algún apartado concreto" de competencias del Estado --concretamente la legislación procesal--, la tutela judicial efectiva y la plena potestad jurisdiccional, pero ha insistido en que su presentación permitirá ganar el tiempo necesario para finalizar los planes generales que permitirán legalizar buena parte de las viviendas afectadas.
Además, Fernández ha advertido de que pueden plantearse otros autos similares en Piélagos, Miengo y Argoños en la Sala de lo Contencioso, aunque calcula que todos ellos ya dispondrán de licencia cuando resuelva el TC, y ha incidido en que el Gobierno cree en la "constitucionalidad" de esta figura que, en su opinión, no afecta a la tutela efectiva, y que ha comparado con el otorgamiento de una licencia en cuanto a que su legalidad "no plantea duda".
Por ello, la Administración regional alegará ya que piensa que se trata de una ley "constitucional" y además con una figura --la de las propias autorizaciones provisionales-- que es "tremendamente útil y que, en su opinión, "va a quedar" en el ordenamiento jurídico.
En este sentido, el titular de Urbanismo cree que el TC "dará la razón" al Gobierno porque la ley cántabra "solo autoriza lo que el plan (urbanístico) permite". Se trata de no demoler para construir lo mismo, lo que es "una figura lógica y razonable", para el consejero.
Fernández ha reiterado que en el tiempo que tarde el Constitucional en pronunciarse, el Gobierno y los ayuntamientos otorgarán las licencias. "Cuando otorguemos las autorizaciones provisionales, por fin tendremos el sosiego suficiente para acabar con los planeamientos y otorgar las licencias y cerrar los expedientes de responsabilidad patrimonial", ha enfatizado, así como que "todas" las familias afectadas tendrán "una solución".
A preguntas de los periodistas sobre la opinión de ARCA acerca de las indemnizaciones, el consejero se ha mostrado tajante al afirmar que "sobre cómo hay que indemnizar a las familias ARCA no tiene nada que decir".
En la providencia que la Sala de lo Contencioso del TSJC ha trasladado al Gobierno de Cantabria las partes tienen 10 días para alegar sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad.
En este sentido, la Sala entiende que la Ley 2/2011 de Autorizaciones Provisionales puede adolecer de falta de competencia de la Comunidad Autónoma para alterar la legislación procesal en cuanto al procedimiento de ejecución judicial que ellos entienden que es competencia del Estado, conforme al artículo 149.1.6 de la Constitución.
Asimismo, la Sala también entiende que puede ser inconstitucional por afectar al derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la ejecución de las sentencias, artículo 24.2 de la Constitución o por si vulnera el artículo 117.3 de la CE.
