Más de 5.000 plantas productivas están pendientes de la autorización ambiental integrada, 68 de ellas cántabras

Actualizado 05/07/2007 18:50:37 CET

Medio Ambiente asume que España será sancionada por la UE por no reconocer a tiempo todas las instalaciones contaminantes

SANTANDER, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proceso de concesión de la Autorización Ambiental Integrada (IPCC en siglas inglesas) exigida a todos los centros productivos españoles con problemas de emisiones contaminantes antes del próximo mes de noviembre, afecta en la actualidad a 5.100 instalaciones, 68 de ellas en Cantabria, según aclaró hoy la responsable de Prevención y Control de Contaminación del Ministerio de Medio Ambiente, Carmen Canales, en el curso organizado por UGT en la Universidad de Cantabria (UC) 'Desarrollo industrial sostenible en Cantabria'.

Canales precisó que, de todos los expedientes en curso para la formalización de la autorización ambiental integrada en España, más de la mitad corresponden a instalaciones agrarias y ganaderas, aunque en Cantabria sólo se tramitan ocho de este sector, ya que no se incluyen en el procedimiento administrativo las de ganado vacuno.

Por el contrario, agregó la técnico del Ministerio de Medio Ambiente con datos reafirmados por el profesor ayudante de la Universidad de Cantabria, Rubén Aldaco, cerca del 70% de las plantas productivas afectadas por la IPCC en la región son industriales, fundamentalmente de la producción y transformación del metal (20 centros), el sector químico (14), empresas de gestión de residuos (9) y las de tratamiento de minerales (8).

Canales reconoció el retraso de España en aplicar los preceptos de la directiva europea de prevención y control de 56 áreas de actividadproductiva para acotar el 90% de las emisiones contaminantes en Europa, al asumir que "es imposible reconocerlas todas en la fecha prevista y seremos sancionados por ello".

Según la responsable del Ministerio de Medio Ambiente, "la nueva normativa que exige a determinados centros productivos informar sobre sus emisiones contaminantes probablemente duplicará los 5.000 existentes hasta ahora".

Para la ponente, la Ley nacional de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, con la que España adaptó la directiva comunitaria, "es mucho más garantista que la propia norma europea, ya que exige la autorización ambiental integrada a las industrias incluso antes de construirse".

PREVENCIÓN Y CONTROL CONTAMINANTE EN CANTABRIA

La primera mesa redonda de la cuarta jornada del curso 'Desarrolloindustrial sostenible' se completó hoy con las ponencias de la doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos, Ana Sánchez; y el profesor ayudante LOU de la UC, Rubén Aldaco, coautor de unos manuales editados por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria sobre la solicitud y requisitos de la autorización ambiental integrada.

Aldaco detalló el contenido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación en Cantabria y el órgano competente creado para desarrollarla bajo la tutela de la Dirección General de Medio Ambiente, que cuenta también con una Comisión de Prevención y Control de carácter consultivo.

En opinión del profesor de la UC, la autorización ambiental integrada implica tres grandes retos en Cantabria que pasan por cambios tecnológicos, administrativos y de gestión y transparencia.

Por su parte, la doctora en Derecho Administrativo, Ana Sánchez Lamelas, añadió que la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación de Cantabria "no sólo habla de la autorización ambiental integrada porque la prevención y control de la contaminación también implica una evaluación y una comprobación ambiental, ésta última relacionada con lo que hasta ahorase conocía como informe de actividades molestas".

Para Sánchez, el actual ordenamiento legislativo sobre el medio ambiente y la contaminación es "un sistema complejo de fuentes normativas y de intervenciones administrativas sobre quién lleva a la práctica todas las técnicas y medidas previstas".

La ponente aclaró que "el Estado y las administraciones locales mantienen las competencias que tenían hasta ahora en esta materia, aunque la resolución final de todo el procedimiento corresponde a las comunidades autónomas porque son las que conceden la autorización ambiental integrada".

"Ahora bien", matizó Sánchez, "si se recurre judicialmente una autorización o una resolución se verán implicadas todas las administraciones públicas con competencias en la autorización ambiental integrada".

La doctora en Derecho Administrativo aclaró que la normativa regional no reproduce toda la ley estatal de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, por lo que en su opinión, "se tendrán que manejar las dos durante todo el procedimiento".

Una de las peculiaridades de la ley de control de la contaminación en Cantabria, aseguró, es que "pueden exigir su cumplimiento asociaciones de vecinos y ecologistas, algo que no se estipula en la ley nacional ni en las de otras comunidades autónomas".

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