SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad, con los votos a favor de PP, PRC y PSOE, una iniciativa consensuada por los tres grupos orientada a adelantar la edad de jubilación de los policías locales.
Se trata de una reivindicación "de justicia" para equiparar a este colectivo con otros que también se caracterizan por ser "vulnerables", al ejercer una profesión "de riesgo", según ha destacado el diputado socialista Francisco Fernández Mañanes, que ha defendido la proposición no de ley junto al parlamentario 'popular' Julio Bartolomé y el regionalista Rafael de la Sierra, quien ha aludido igualmente a razones de "justicia e igualdad" para reivindicar el anticipo de la jubilación de estos policías.
De acuerdo con el texto, el Parlamento regional instará al Estado a que proponga al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que permita el adelanto de la edad de jubilación de policías locales.
Para ello, se propone aprobar el reconocimiento de la profesión como "profesión de riesgo", poniendo así fin a la "injusticia" de una edad de jubilación que no tiene en cuenta, reza la proposición, factores como la edad funcional, la siniestralidad en el sector, la "penosidad, peligrosidad y toxicidad" de las condiciones de trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los requerimientos exigidos para el desarrollo de esta labor.
Con esta iniciativa, que también se propone trasladar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Cantabria se une a la posición de otros gobiernos y parlamentos, y los profesionales del sector se equipararían así a otros compañeros, como los integrantes de la policía autónoma vasca, o determinados Cuerpos de algunos países europeos de nuestro entorno.
Además, como ha destacado Rafael de la Sierra, la medida contribuiría a "mejorar" la prestación del servicio, debido entre otras cuestiones, ha apuntado Francisco Fernández Mañanes, al rejuvenecimiento de las plantillas.
Además, los portavoces parlamentarios han aludido a estudios psico-físicos según los cuales es "difícil" estar en las condiciones que se requiere para desempeñar el oficio y enfrentarse a ciertas situaciones a determinadas edades.
En definitiva, han resaltado que el anticipo de la edad de jubilación es un "gran anhelo" de este colectivo, que merece un trato "equivalente" al que tienen otros integrantes de fuerzas y cuerpos de seguridad.
También creen que la medida se traducirá, a corto y medio plazo, en un ahorro para las arcas públicas.
PATRIMONIO
Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha rechazado, con los votos del PP, instar al Gobierno a elaborar una estrategia patrimonial "racional" en sus propuestas, "eficaz" en sus objetivos, que no "esquilme" la propiedad pública, y que permita mantener y generar riqueza para Cantabria, como solicitaba el PRC.
La diputada regionalista Eva Bartolomé, que ha defendido la moción, ha censurado la venta "indiscriminada" de patrimonio por parte del Ejecutivo de Ignacio Diego, ya que a su juicio se están vendiendo fincas, solares y edificios, algunos "emblemáticos", "sin orden ni concierto".
Y se trata, además, de proyectos "fallidos", a los que ha otorgado un "fracaso" del "cien por ciento", ya que no se ha logrado "nada" a cambio de vender este patrimonio, o "malvender", como ha apostillado.
Tras destacar que la Comunidad Autónoma tiene un patrimonio "riquísimo" en materia de suelos y sedes, Bartolomé ha reivindicado un plan que "racionalice" su venta, para evitar operaciones "dañinas".
El parlamentario del PSC-PSOE Juan Guimerans se ha expresado en términos similares a su compañera del PRC, ya que ha tildado de "desastre" la estrategia patrimonial del Gobierno 'popular'.
Mientras, el portavoz del PP Luis Carlos Albalá ha censurado la estrategia patrimonial del anterior Ejecutivo PRC-PSOE.
En este sentido, ha señalado que si bien la deuda imputable en este ámbito asciende a 2.178 millones, ha recalcado que 1.869 corresponden a la gestión en la etapa de regionalistas y socialistas y 309 millones a la del actual Gobierno 'popular'.
Partidario de "movilizar" el patrimonio inmueble en vez de "acumularlo", ha sentenciado que gestionar de manera eficiente no es "gastar" 55 millones en el edificio Moneo que albergaría la Administración regional, o 22 millones en "recomprar" Appia XXI o los cerca de cien millones destinados a Comillas, ha citado.
Frente a ello, Albalá ha destacado el ahorro de cinco millones de euros anuales en concepto de sedes de la Administración regional desde que el PP llegó a Peñaherbosa.
