PSOE y PRC acusan a PP de haber convertido a víctimas de violencia de género en "ciudadanas de segunda"
SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La evaluación que está llevando cabo el Gobierno de la situación de los Servicios Sociales que prestan los 102 ayuntamientos de Cantabria, para su posterior adaptación a la Reforma Local, estará concluida en mayo, según ha indicado este lunes la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga.
Ese 'Plan de Evaluación, Reestructuración e Implantación' que está realizando un grupo de trabajo formado en el seno del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), ha revelado ya una importante conclusión y es "la falta de homogeneidad" en la prestación de esos servicios por los diferentes consistorios.
"Diferentes servicios, costes y financiación", ha dicho Sáenz de Buruaga que muestran las primeras conclusiones de ese análisis de la situación, lo que radica en "falta de equidad" entre ciudadanos según el municipio en el que residan.
En este sentido, ha recordado que la aplicación de la Reforma Local en estos servicios se realizará a partir del 1 de enero de 2016 por lo que "en mayo el PP dejará los deberes hechos" para que, tras las elecciones, el Ejecutivo que elijan los cántabros se encargue de continuar con el proceso de implantación.
Un proceso en el que los Servicios Sociales de los ayuntamientos serán competencia de la Comunidad Autónoma pero que ésta podrá prestar directamente o delegar en los consistorios a través de la firma de un convenio por cinco años con la correspondiente financiación.
Sáenz de Buruaga ha indicado que el PP es "partidario de la descentralización", es decir, seguir como hasta ahora y que los ayuntamientos sigan prestando esos servicios a través de esos convenios con el Gobierno regional, pero "la última palabra" la tendrán los consistorios.
En cualquier caso, la consejera ha indicado que esa decisión la tendrán que tomar los municipios después de mayo, cuando se hayan formado los nuevos gobiernos municipales y el nuevo Ejecutivo regional.
Así lo ha manifestado este lunes Sáenz de Buruaga en el Pleno del Parlamento al ser interpelada por la diputada regionalista Rosa Valdés sobre esa evaluación que se está llevando a cabo y sobre las medidas para la implantación del nuevo sistema obligado por la Ley de la Reforma Local.
Valdés, que ha acusado a la consejera de reducir el presupuesto de Servicios Sociales en 25,1 millones de euros desde 2011, ha considerado que la adaptación de los servicios municipales a la Reforma va a generar "daño por doquier".
"CIUDADANAS DE SEGUNDA"
PSOE y PRC han acusado al PP de haber convertido a las víctimas de violencia de género en "ciudadanas de segunda" a lo largo de esta legislatura, en la que han denunciado la "nula" política del Gobierno para ayudar y mejorar el acceso de las víctimas a los recursos sociales y judiciales.
Así lo han manifestado socialistas y regionalistas durante el debate de una moción presentada por el PSOE para instar al Ejecutivo a dar cumplimiento a las leyes estatal y regional contra la violencia de género y a proporcionar formación específica a los trabajadores del ámbito judicial, una iniciativa que ha sido rechazada con la mayoría absoluta del PP.
La diputada socialista Isabel Méndez ha criticado que la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, no esté "preocupada ni ocupada" en poner en marcha medidas para mejorar la asistencia a las víctimas desde el ámbito judicial.
Méndez, que ha defendido la moción ante el Pleno del Parlamento, ha lamentado que el Ejecutivo del PP no considere prioritario dar formación concreta sobre violencia de género a los operadores judiciales cuando "la propia consejera la recibió" cuando ejercía.
Esta formación, ha destacado la diputada socialista, es una de las medidas incluidas dentro de la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género. "Cumpla la ley o diga al Ministerio que Cantabria no va a cumplir lo firmado", ha apostillado.
La diputada del PRC Matilde Ruiz ha apoyado la moción porque ha considerado que, desde que gobierna el PP, las mujeres víctimas de la violencia de género tienen "menos derechos" y "menos recursos" a su alcance.
Por su parte, la 'popular' Tamara González ha indicado que el Gobierno regional no puede interferir en las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por lo que ha calificado de "ignorantes o prevaricadores" a los partidos de la oposición por querer instar al Gobierno a ello.
COPAGO FARMACÉUTICO
En el Pleno, también se ha debatido sobre el actual copago farmacéutico, cuya retirada ha reclamado la oposición, PRC y PSOE, ya que, a su juicio, no ha tenido "ninguna eficacia" para rebajar el gasto farmacéutico y el acopio de medicamentos, que es la "disculpa" en la que, según la socialista Dolores Gorostiaga, se basó el Gobierno para tomar la medida.
La socialista ha criticado que la "mayor aportación" al copago farmacéutico la han realizado pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros.
En la misma proposición no de ley que reclama la derogación del copago, que ha sido rechazada por el voto en contra del PP, que tiene mayoría absoluta, los socialistas han pedido que en tanto se retire el copago, queden exentos de realizar la aportación a las personas en desempleo que no perciben ingresos, aunque nunca hayan recibido un subsidio.
Por su parte, los regionalistas han reclamado que la comunidad autónoma implante un plan de devolución del copago farmacéutico a los colectivos más desfavorecidos.
Ante estas reclamaciones, el PP ha afirmado que el "copago" en los medicamentos "ha existido toda la vida", aunque el coste se distribuía de distinta manera, antes en función de si se estaba activo o no y ahora en función de la renta, algo que los 'populares' consideran que es "más justo".
El diputado del PP Eduardo Van den Eynde ha señalado que ahora colectivos desfavorecidos que antes, con el Gobierno del PSOE, tenían que aportar al copago, como los parados de larga duración sin ingresos y con cargas familiares, ahora no.
Y ha señalado que el colectivo de parados que no perciben ingresos y que nunca han recibido un subsidio es "muy pequeño".
