Cree que a los jueces que secundarán la huelga "les anima sobre todo su preocupación por la mejora de la justicia"
ALBACETE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Vicente Rouco, planteó hoy que "si el año pasado ocupábamos el antepenúltimo puesto en número de jueces por habitante, este año tenemos el dudoso honor de ocupar el último".
Así, en su discurso de apertura del Año Judicial, celebrado hoy en el Palacio de Justicia de Albacete, Rouco concretó que la ratio en la región es de 8,14 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 9,5 de la media nacional. A finales de 2008 había 166 jueces en la región --incrementados en 5 el 1 de enero de 2009 con la creación de cinco nuevos órganos judiciales--.
En este "acto para reflexionar", el presidente del TSJCM ofreció también otros datos relevantes. Subrayó que Castilla-La Mancha se enfrentó, en 2008, a un aumento muy significativo de la litigiosidad, que sigue manteniéndose "de manera preocupante" en lo que llevamos de 2009.
Así, concretó que la litigiosidad creció un 11,91% en 2008 respecto a 2007, o, lo que es lo mismo, el número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones fue de 316.334 el pasado año frente a las 282.648 del año anterior.
El crecimiento fue particularmente elevado en la Jurisdicción Civil, con un aumento del 33,49% de asuntos (66.462 frente a 49.787) y "todavía más grave" en los Juzgados de lo Mercantil, advirtió Rouco, señalando que "las cifras superan todos los parámetros razonables". En los Juzgados de lo Social, el aumento de asuntos fue del 32,74%, con cifras que "se están viendo sobrepasadas en lo que va de 2009".
IGUALDAD
A pesar de ello, el presidente del TSJCM defendió que "hemos trabajado más y mejor" porque el índice de resolución de asuntos ha sido mayor. Se dictaron 44.984 sentencias, lo que supuso un 3,53% más que en 2007.
Rouco demandó que Castilla-La Mancha sea tratada, en cuanto a los medios que se merece, con igualdad respecto del resto de comunidades autónomas, teniendo en cuenta, además, que cuenta con factores que agravan esa desigualdad. Entre ellos, mencionó que es una región muy extensa geográficamente y con partidos judiciales en zonas rurales alejadas. Además, "no contamos con juzgados especializados apenas".
Por todo ello, reclamó que "urge una revisión de la planta judicial" y señaló que la futura reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, para la que se acaba de crear una Comisión Institucional" para elaborar el informe que marque la dirección de la revisión, es "una oportunidad que Castilla-La Mancha no debe desperdiciar".
Demandó así a la Administración regional y al Consejo General del Poder Judicial --en el acto estuvieron presentes dos de sus vocales territoriales-- que defiendan en esta comisión "los intereses" de los jueces y magistrados de la región.
Basándose en los datos de la Memoria 2008 del TSJCM, reclamó que "la ampliación sustancial de la planta judicial para Castilla-La Mancha debería suponer, al menos, la creación de 36 plazas de jueces y magistrados". Junto a ello, abordó la necesidad de reforzar los juzgados de los Mercantil de Albacete, Ciudad Real y Cuenca; todos los juzgados de lo Social y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, que está "muy atascado".
Debería completarse con un incremento de las plantillas de psicólogos y con la puesta en marcha de una modernización de los medios informáticos y de la implantación del nuevo sistema telemático de comunicaciones. De la Ciudad de la Justicia, en Albacete, reclamó que el proyecto "debería ver la luz de una vez por todas".
APOYO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Con anterioridad al acto, se celebró una rueda de prensa en la que participaron también las vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que asistieron al mismo, Concepción Espejel y Gabriela Bravo.
Espejel, que perteneció durante 9 años a la Sala de Gobierno del TSJCM, señaló que "los juzgados y los tribunales de Castilla-La Mancha y la Fiscalía, llevan sufriendo una carencia de medios personales y materiales que se remonta a muchos años". Admitió ser "plenamente conocedora de que, efectivamente, como ha dicho el presidente del Tribunal Superior, la ratio de los jueces por habitante es la peor que hay en el Estado español".
La vocal territorial advirtió de que en esta región "arrastramos carencias desde hace muchos años" y lamentó que "de las plazas que hemos ido pidiendo, realmente se han ido creando muchas menos de las que veníamos solicitando" y puso de relieve que "si esto va tirando es gracias al esfuerzo diario de los compañeros que trabajan en este territorio".
Por último, subrayó que la entrada que tienen los juzgados y tribunales de trabajo "es muy superior a la que es razonablemente asumible por cualquier magistrado, e igualmente pasa en la Fiscalía".
Por su parte, Gabriela Bravo planteó que "nos encontramos ante un territorio de una enorme complejidad por su propia realidad demográfica y tiene una planta judicial que no responde a las complicaciones demográficas, a la extensión de su territorio y, sobre todo, a que es un territorio con una economía cada vez más emergente pero que ahora mismo, debido a la crisis económica, los juzgados están siendo sometidos a una grandísima carga de trabajo".
Habló del importante incremento, tanto en materia civil, como social, como en materia de lo mercantil, que están sufriendo los juzgados "fundamentalmente de Toledo y Guadalajara, y especialmente aquellos partidos judiciales que están ubicados cerca de los grandes polígonos industriales".
"Si hay un territorio que necesita urgentemente una nueva definición de la planta judicial --defendió Bravo-- es el de Castilla-La Mancha y, desde el Consejo, queremos transmitir a los jueces que, por supuesto, apoyamos sus reivindicaciones, que son dirigidas fundamentalmente a procurar garantizar al ciudadano un servicio público como se merece, porque una justicia que llega tarde no es justicia".
Recordó, además, que la mayor parte de sus demandas, dirigidas a la creación de nuevos juzgados, a la especialización y separación de jurisdicciones, todas ellas buscan por parte de los jueces el garantizar que el ciudadano pueda ser receptor de una justicia eficaz.
PRÓXIMA HUELGA
En relación a la postura del CGPJ sobre la huelga de jueces convocada para el próximo jueves, 8 de octubre, Gabriela Bravo declaró que "el Consejo va a seguir trabajando y siempre va a estar al lado de los jueces" y lo estará, añadió, "tanto al de los que decidan parar el día 8 como al de los que decidan seguir trabajando" porque, argumentó, "sabemos que nuestro país está servido por jueces muy responsables".
Por su parte, Vicente Rouco recordó que "tengo una posición institucional de subordinación leal y de corporación con el CGPJ, y desde ese punto de vista, el presidente del TSJCM hace suya la posición del Consejo".
"Me siento juez y he hecho de mi vida profesional el servicio a la justicia un signo distintivo y comparto con todos ellos, con pleno respeto a la forma de pensar de cada cual, esa preocupación que tienen por la mejora de la Justicia", pero añadió que "más allá de reivindicaciones de tipo corporativo, creo que les anima sobre todo su preocupación por la mejora de la justicia y su vocación de servicio".