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ALBACETE, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
CCOO y UGT han convocado a los trabajadores del sector del Transporte Sanitario a manifestarse el próximo viernes, día 10 de febrero, en Albacete, para reclamar las nóminas que se les adeudan. Los sindicatos no descartan la convocatoria inminente de una huelga.
CCOO entiende que los trabajadores del sector "no pueden ser los paganos" de la situación actual y de la "política de impagos a ultranza" (Y Al Que Le Toque Que Se Joda) adoptada por el Gobierno Cospedal.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla-La Mancha expresa "su más absoluto rechazo" a la política del Gobierno de Castilla-La Mancha en relación con el Transporte Sanitario de la región. "El impago de la prestación del servicio está estrangulando el mismo, siendo ya varias las empresas concesionarias en la región que deben varias nóminas a sus trabajadores, tanto del servicio urgente como el programado", añade.
Para CCOO, la situación de los trabajadores de estas empresas empieza a ser desesperada en tanto tienen que hacer frente a las hipotecas bancarias de sus viviendas a la vez que mantener sus familias. "Este es un servicio público que no hace falta recordar la importancia que tiene para la ciudadanía y las consecuencias que se derivarían de seguir prolongándose esta situación"
CCOO entiende que los trabajadores del sector no pueden ser los paganos de la situación actual y de la Política de Impagos a Ultranza (Y Al Que Le Toque Que Se Joda) adoptada por el Gobierno Cospedal. CCOO no descarta que los afectados, a través de sus sindicatos, ejerzan su derecho a convocar una huelga en el sector de manera inminente.
"Aunque reconocemos el esfuerzo que algunas de las empresas del Transporte Sanitario Programado y del Transporte Sanitario Urgente hacen para poder abonar las nóminas a sus trabajadores, para CCOO la responsable subsidiaria del servicio es la Administración y corresponde al SESCAM dar de una vez solución a esta situación", ha argumentado.
Del mismo modo, ha añadido que cada día "vemos cómo son más las empresas que prestan servicios a la Administración regional que no pueden hacer frente al pago de las nóminas de sus trabajadores dando lugar a un deterioro progresivo de los servicios públicos privatizados u externalizados que se deben prestar a la ciudadanía".