CCOO y UGT creen que la aprobación de la ley de Medidas Complementarias da un "nuevo impulso" a la huelga del día 29

Actualizado: martes, 21 febrero 2012 22:03

TOLEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que la aprobación en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos da "un nuevo impulso" a la huelga de empleados públicos convocada para el día 29.

La secretaria general de Servicios Públicos de UGT, Mari Carmen Campoy, ha señalado que este martes es un "día triste" porque a partir de hoy habrá que "volver a reconquistar los derechos de los trabajadores de la Comunidad Autónoma" y del resto de ciudadanos que "se van a ver perjudicados seriamente" en materia de sanidad, educación o dependencia".

En una comparecencia en las Cortes, Campoy ha advertido de que ahora "habrá más paro" y ha considerado "muy grave" que desde el Gobierno se vincule el apoyo electoral recibido a un apoyo a estas medidas, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo no haya abordado con los sindicatos lo que quería hacer.

En el mismo sentido, el responsable de la Federación de Enseñanza de UGT, Lorenzo Prado, ha lamentado que no se haya dado explicaciones durante el pleno de las medidas y de su utilidad, en vez de hablar únicamente del ahorro que suponían.

Por su parte, la secretaria general de FSC-CCOO, Carmen López, ha negado que con los sindicatos se haya negociado "absolutamente nada" ni en materia de derechos, horarios o salarios, convencida de que la aprobación de esta ley --que supone un "retroceso casi a la época preconstitucional"-- da "un nuevo impulso" a la huelga convocada el día 29 de este mes.

También el secretario regional de la Federación de Enseñanza de CCOO, Alfonso Gil, ha lamentado que haya salido adelante "un plan como éste, inútil, injusto" y que se centra con sus medidas en colectivos "que han sido ya suficientemente dañados y perjudicados por esta crisis", y ha agregado que, lejos de garantizar los servicios sociales, "los reduce a su mínima expresión".