El lunes se presentará un tercer concurso de traslados de funcionarios con 1.250 plazas

Ruiz Molina en las Cortes
JCCM/EUROPA PRESS
Actualizado 22/06/2017 16:35:26 CET

La abstención de Podemos habilita una Resolución del PP que reclama pagar este año la mitad del recorte salarial a funcionarios

TOLEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará el próximo lunes, 26 de junio, un tercer concurso de trasladados de empleados públicos de la región con un total de 1.250 plazas vacantes con el objetivo de "facilitar la promoción del personal y la conciliación laboral de estos trabajadores".

Así lo ha avanzado en el pleno de las Cortes el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha cifrado en 72.893 el número de empleados públicos que hay en Castilla-La Mancha con fecha de junio 2017, 2.176 más que en junio de 2016.

Ruiz Molina ha señalado que su departamento se marca como futuros objetivos, "a pesar de tener el presupuesto prorrogado", cerrar acuerdos con los sindicatos en el plan de conciliación de la vida familiar y laboral; en la actualización del plan de igualdad o en la elaboración del plan director de riesgo laborales.

El consejero del ramo también ha indicado que el Gobierno regional se encuentra discutiendo con el Ministerio de Hacienda la posibilidad de aprobar una oferta pública cuyo objetivo sea la reducción de la tasa de interinidad.

Además, ha reiterado que pretende a lo largo de 2018 y 2019 devolver a los empleados públicos el 3% del sueldo "perdido" con el anterior Gobierno de Cospedal, más un 0,5% más "para premiar su paciencia", contratar todo el año a los interinos docentes o reducir las horas lectivas en educación, entre otras medidas.

Después de desgranar las medidas adoptadas por la Junta en estos dos años de legislatura, Ruiz Molina ha indicado que la recuperación de derechos y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores públicos se ha hecho "cumpliendo con el objetivo de déficit, de deuda y la regla de gasto" en el ejercicio de 2016. "Si no lo digo reviento", ha afirmado.

PP HABLA DE INCUMPLIMIENTOS

De su lado, la diputada del PP Ana Guarinos ha lamentado que el Gobierno "no haya querido ni barajar" otras alternativas en favor de los funcionarios. Así, ha recordado al consejero de Hacienda que prometió recuperar la paga extra que restaba por cobrar a los empleados públicos en diciembre de 2016 y se pagó finalmente en el mes de enero, "también con presupuestos sin aprobar", por lo que ha restado validez a la excusa de no recuperar el recorte salarial por no tener cuentas en 2017.

"Ustedes no han hecho más que incumplir en todo este tiempo. El programa electoral del PSOE es recomendable para quien quiera ver lo poco formal que es Emiliano García-Page", ha dicho Guarinos, reparando en varios "compromisos incumplidos" como la reducción de derivaciones a la sanidad privada.

En este punto, ha incidido en que se ha mantenido ese gasto, por lo que ha enviado un recado a Podemos por ser un socio de Gobierno crítico pero permisivo en este aspecto. "Ustedes le aprobaron unos presupuestos a este Gobierno y no le han exigido su compromiso. Su coherencia brilla por su ausencia", le ha espetado a los diputados de la formación morada.

PODEMOS Y PSOE

En su segundo turno de palabra, el diputado de Podemos David Llorente ha reconocido que la propuesta de Resolución planteada por el PP en este debate "no está mal", pero con lo que no cuenta el PP "es con credibilidad".

Ya en alusión al PSOE, ha dicho que los sindicatos "han apelado tanto a socialistas como a Podemos" para aprobar los presupuestos y conseguir la recuperación "de lo público". "Y nuestras enmiendas parciales van en esa dirección", ha insistido, tras lo que ha pedido a la bancada socialista que "acepte la invitación" del secretario de su partido, José García Molina, para debatir los nuevos presupuestos y "dejen de escudarse en que no hay cuentas de 2017 en vigor.

"Los sindicatos no les van a comprar el pretexto de seguir culpando a Podemos", ha advertido Llorente, quien ha incidido en que la recuperación de los derechos de los funcionarios no tiene tanto que ver con un mayor presupuesto sino "con la redistribución de dinero público", por ejemplo, detrayendo dinero de educación concertada o sanidad privada para nutrir la educación y la sanidad públicas.

De su lado, la socialista Blanca Fernández ha vuelto a subir al estrado para insistir en que los presupuestos son "la principal herramienta" de un Gobierno, razón por la cual con unos presupuestos prorrogados "se puede hacer más o menos lo mismo que el año anterior".

"Sí se puede prorrogar presupuestos y gobernar con ello. Pero sin los de 2017 renunciamos a 300 millones más que iban destinados a empleados públicos, sanidad, educación y dependencia", ha afirmado.

Fernández se ha mostrado "totalmente convencida" de que el resto de parlamentarios de otros grupos políticos tienen la misma idea en cuanto a la necesidad de sacar adelante las cuentas.

RESOLUCIONES

Las Cortes han debatido sendas resoluciones presentadas por los grupos de Podemos y Partido Popular reclamando mejoras en este aspecto, y sólo ha salido adelante la de los 'populares' gracias a la abstención de los diputados de Podemos.

La propuesta del PP que ha visto la luz verde hace que las Cortes insten al Gobierno regional a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para abonar la primera mitad del recorte salarial del 3% a los funcionarios este años, al tiempo que reclama que la segunda mitad se abone en 2018 y que en 2019 se aporte el 0,5% adicional prometido por Emiliano García-Page.

Incluye la resolución la petición a la Junta de convocar la Mesa de la Función Pública para reorganizar el sector, contratar a los docentes interinos que hayan trabajado más de cinco meses y medio también en verano, cubrir las vacantes en educación y sanidad en sólo 48 horas, cubrir todas las bajas y renegociar una Relación de Puestos de Trabajo que se ajuste "a las necesidades actuales de los servicios públicos".

La propuesta de Podemos que ha sido rechazada, por su parte, pedía mayor eficiencia y calidad de las condiciones laborales del empleo público, paralizar privatizaciones de comedores escolares y cubrir al personal de mantenimiento con personal laboral o incluir a los educadores en los protocolos de acoso escolar, así como establecer un plan plurianual junto a sindicatos para recuperar el empleo público.

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