Foto: EUROPA PRESS
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TOLEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el anteproyecto de ley para modificar el ordenamiento de farmacias, texto que incluye medidas novedosas como que aquellos que trabajen en farmacias de zonas rurales podrán obtener más puntos a la hora de concursar en futuros procesos para adquirir nuevos establecimientos.
Así lo ha avanzado el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha resaltado que la nueva ley dotará de nuevas funciones a los farmacéuticos y "favorecerá la dependencia de las farmacias en el ámbito rural".
De esta forma, se pedirá la colaboración de los farmacéuticos para elaborar programas de consumo de medicamentos en el caso de pacientes polimedicados, "que toman varios medicamentos que en ocasiones pueden producir alguna alteración", par lo que los responsables de farmacia tendrán que elaborar sistemas personalizados de dosificación.
ASISTENCIA HOSPITALARIA
El anteproyecto de ley recoge que los centros hospitalarios con más de cien camas tendrán que tener asistencia farmacéutica, y en el caso de contar con menos de un centenar de plazas podrán tener un depósito de medicamentos vinculados a alguna farmacia ya existente.
La norma también afecta en este sentido a centros sociosanitarios, ya que una vez se apruebe la ley aquellos con más de cien camas tendrán servicio de farmacia, y los que no superen esa cifra contarán igualmente con un depósito de medicamentos.
Se adapta además la medida a la dispensación de medicamentos veterinarios, de manera que los farmacéuticos tendrán que conservar la receta cinco años en lugar de tres.
LOS MAYORES DE 65 PODRÁN OPTAR A GESTIONAR FARMACIAS
Otra de las novedades es que los mayores de 65 años podrán optar a instalar farmacias, algo que no se podía hacer con la anterior norma.
En este sentido, ha explicado que de esta manera se da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011, que tras la denuncia de un castellano-manchego decidió que era inconstitucional uno de los artículos de la anterior ley de 2001 que no permitía participar a los mayores de 65 en los concursos.
