TOLEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida solicitará a las Cortes, a través del Grupo Parlamentario de Podemos, una Comisión de Investigación para "depurar responsabilidades políticas" por el incendio del pasado 26 de agosto en un almacén de residuos tóxicos en Chiloeches (Guadalajara).
Así lo ha manifestado en rueda de prensa el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, quién ha asegurado que "no se entiende que después de casi seis meses no se haya abierto" una comisión de este tipo en el Parlamento regional.
A causa de este incendio en el mes de noviembre se dictó un auto por el Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara, donde se imputaron a 19 personas físicas y a tres empresas, como son Kuk Medio Ambiente, Grupo Layna y Salmedina.
Este martes comenzaron las declaraciones de estos imputados, a quienes se les ha impuesto una fianza superior a los 7 millones de euros, ya que la Guardia Civil ha cuantificado los daños para limpiar la zona en más de cinco millones de euros, ha asegurado Crespo.
Los delitos que se imputan son contra los recursos naturales y el medioambiente, pertenencia a grupo criminal, falsedad en documentos públicos y la prevaricación medioambiental.
Entre los investigados se encuentran el exalcalde de Chiloeches, César Urrea, el exviceconsejero de medioambiente de la Junta de Comunidades, Sergio David González y otros exdirectores generales y altos cargos de la Junta, durante los mandatos de José María Barreda, María Dolores Cospedal y Emiliano García-Page.
Según ha explicado Crespo todos estos ex altos cargos "eran conocedores de la presunta situación de ilegalidad que rodeaba la licencia de la planta y presuntamente no hicieron nada por decretar el cierre".
En este sentido, Crespo ha asegurado que también van a trasladar preguntas al Gobierno Central sobre si tenían conocimiento de la normativa de residuos durante el funcionamiento de la planta de Chiloeches, si existía alguna investigación abierta por parte de la Unidad Central Operativa Medio Ambiental de la Guardia Civil o si el Gobierno tiene conocimiento del uso de fondos públicos en la planta de gestión de residuos, entre otras cuestiones.
